Como parte de su iniciativa de reformas constitucionales contra el crimen, el jefe del Ejecutivo pide que municipios ya no reciban las participaciones, aportaciones y subsidios federales en materia de seguridad pública.
Los presidentes municipales deberán entregar a los gobernadores los recursos, tanto materiales como financieros, que los municipios destinen en materia de seguridad pública, incluyendo equipamiento, armamento y vehículos para dichas funciones.
Propone la obligatoriedad del Mando Único Estatal para evitar que los mandatarios locales puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo.
Peña Nieto plantea que la intervención de la Federación en alcaldías sea una decisión de Estado, porque involucraría a legisladores federales y locales.
Intervenir municipios será decisión de Estado
Suplir gobiernos locales requerirá del aval de legisladores; gobernadores manejarán los subsidios que recibían los ediles.
El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado que la intervención federal en los municipios infiltrados por el crimen organizado sea una decisión de Estado y que los gobernadores no puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo, para lo cual tendrán tanto poder que incluso recibirán los subsidios federales que se destinan a los municipios para el combate al crimen.
Ayer, el Presidente de la República entregó al Senado su propuesta de reforma a los artículos 21, 73, 104, 115, 116 y 123 de la Constitución, porque “México requiere de una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construido. Una reforma superficial, en este momento, sería insuficiente e irresponsable”, dice Enrique Peña Nieto al Senado.
Así, el mandatario federal plantea cambios para que el Congreso de la Unión pueda crear leyes que “establezcan los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellas deban imponerse”, las leyes generales que “establezcan los tipos penales y sus sanciones respecto de determinadas conductas y que distribuyan competencias para su investigación, persecución y sanción. Las legislaturas locales podrán legislar en materia penal respecto de aquellas conductas que no estén tipificadas y sancionadas”.
De igual forma, para emitir una ley general que “distribuya competencias en materia penal en la investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia de su fuero, incluyendo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación en estas materias”, así como las leyes en materia de concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública”.
El Presidente de la República plantea que no procederán las controversias constitucionales en lo relacionado con la intervención de la Federación en los municipios.
Detalla que el procedimiento a seguir para proceder a la intervención de la Federación en los municipios será una decisión de Estado, porque involucra a los Poderes de la Unión.
“Cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta soliciten la aprobación del Congreso de la Unión para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipios, en los términos que disponga la Ley Reglamentaria.
“En caso de asunción total de las funciones, la legislatura del Estado correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto en su Constitución. Si las constituciones locales no prevén este supuesto, se estará en lo dispuesto en la Ley Reglamentaria”, precisa.
Añade que “la seguridad de los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados, por conducto de su corporación policial estatal. Los municipios deberán realizar las aportaciones a los estados, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función”.
De esta forma, los gobernadores se convierten en los únicos responsables de garantizar la seguridad en todo el territorio que gobiernan, pues aunque en el régimen transitorio, el Presidente de la República propone un periodo de transición de dos años para la entrada en operación real del mando único estatal, deja en claro que desde el momento mismo de la entrada en vigor de la reforma constitucional los gobernadores tendrán el poder sobre los municipios en materia de seguridad pública.
“A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los gobernadores de los estados podrán asumir el mando de las policías municipales en casos de alteración del orden, fuerza mayor o en aquellos en los que el gobernador considere que la situación lo amerita para efectos de garantizar la seguridad de uno o varios municipios, o del estado.
“Lo anterior no aplicará la modificación de las relaciones jurídicas, administrativas y de cualquier otro tipo, de las policías municipales con sus municipios, hasta que formen parte de las corporaciones policiales estatales de conformidad con el plan estratégico de transición”, dispone.
Agrega que “de conformidad con los planes estratégicos de transición, las ministraciones correspondientes a los municipios relativas a las participaciones, aportaciones y subsidios federales en materia de seguridad pública se consideran otorgadas al estado al que pertenezcan”.
“De conformidad a los planeas estratégicos de transición, los presidentes municipales deberán entregar a los gobernadores los presupuestos y recursos, tanto materiales como financieros, que los municipios destinen en materia de seguridad pública, incluyendo todo el equipamiento, armamento y vehículos destinados a dichas funciones”, ordena.
El espejo italiano
El proyecto presidencial enviado al Senado de la República pone como ejemplo a Italia, país que entre 1991 y 2011 ha disuelto 217 autoridades municipales.
• “Italia ha utilizado frecuentemente esta figura en zonas de su territorio, tales como Reggio, Calabria, Campania o Apulia, en las cuales la delincuencia organizada tiene influencia en cuestiones electorales y de gobierno.
• El proyecto presidencial señala que “con esta medida se previene y corrige la intervención del crimen organizado en la administración de los municipios y, por ende, se limita su esfera de influencia política y social, así como los recursos financieros de los cuales pueden hacerse”.
Con FCH era selectivo; con Peña será obligatorio
El actual proyecto de Mando Único Estatal pone énfasis en mejorar los ingresos y elevar la capacitación de policías.
Iguales en el nombre de Mando Único Estatal, las propuestas de reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto y de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa para crearlo registran seis diferencias sustanciales y tres similitudes que se refieren principalmente a la mejora de los cuerpos policiales.
Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto entregó al Senado su propuesta de reforma constitucional que incluye la creación del Mando Único Estatal, que comparada con la iniciativa que presentó Felipe Calderón, al mismo Senado, el 6 de octubre de 2010 y que no ha podido salir de las comisiones unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Segunda, dejan ver diferencias radicales.
El presidente Peña Nieto propone que el Mando Único Estatal sea obligatorio, porque desaparece las policías municipales y responsabiliza a los gobernadores de toda la seguridad pública en sus territorios.
En contraste, el expresidente Felipe Calderón propuso que el Mando Único Estatal sólo se aplicara en los municipios con cuerpos policiacos débiles o penetrados por el crimen y que se retirara en función de la profesionalización de los policías municipales; aclara que los municipales sólo pueden desarrollar labores de proximidad vecinal, vigilancia y aplicación de los bandos y reglamentos municipales.
Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto planteó que la intervención de la Federación en los municipios coludidos con el crimen organizado sea resultado de un proceso en el cual participen los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y estatales.
Por su parte, Felipe Calderón planteó hace cuatro años al Senado que la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de Genaro García Luna, tuviera la facultad de intervenir un municipio, sin mediar procedimiento entre los Poderes de la Unión.
Otra diferencia es que el presidente Peña Nieto lleva al cambio constitucional conceptos generales e incluye en el régimen transitorio un periodo de cambio para que los municipios dejen de hacerse cargo de la seguridad pública, porque la idea es que sea la ley reglamentaria la que detalle estos procedimientos.
A su vez, Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional que contiene detalles de los procedimientos; es decir, traza más el perfil de la que debe ser la ley reglamentaria.
Una diferencia más es que el expresidente Felipe Calderón propuso la creación de policías metropolitanas y del concepto “reacción inmediata”, que “consiste en hacer frente a las conductas delictivas al momento de ejecutarse y debe circunscribirse únicamente al momento mismo de la comisión de dichas conductas, de allí que se le denomine inmediata y que su naturaleza sea policial y puramente objetiva”.
Asimismo, Felipe Calderón propuso de manera explícita eliminar la frontera que existe entre los fueros federal y común, para permitir la reacción inmediata.
El presidente Enrique Peña Nieto no incluye policías metropolitanas ni reacción inmediata y deja al Congreso de la Unión la definición de las competencias federal y estatales en una ley general.
Las tres similitudes se refieren a la homologación de los ingresos y los criterios de profesionalización de los policías; Calderón habla de municipales y el presidente Peña Nieto de estatales.
Otra similitud se refiere a la homologación de los protocolos de actuación y operación y a que los gobernadores asuman la responsabilidad de la seguridad pública de todo el estado, pero ya con el matiz de que el panista pedía que fuera en los municipios débiles y el priista que sea obligatorio.
La iniciativa del presidente Felipe Calderón se quedó en comisiones del Senado, porque ni siquiera los senadores panistas estuvieron de acuerdo; el presidente de la Comisión de Federalismo de la LXI Legislatura, Ramón Galindo, fue uno de los principales opositores, que se conjugó con la posición de los alcaldes priistas y perredistas, así como el perredista Pablo Gómez, quien argumentó que Felipe Calderón quería darle todo el poder a Genaro García Luna.
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