Definido como prioritario en el inicio de la actual legislatura, el asunto se entrampó durante año y medio por la insistencia de los senadores de participar en los mecanismos de evaluación de los contratos, atribución que en San Lázaro se defendía como exclusiva de esa Cámara.
La primera propuesta hecha por el Senado fue impugnada en 2013 por los diputados. En un segundo intento, éstos defendieron sus facultades en materia presupuestal al impulsar una regulación que nunca obtuvo el visto bueno de la colegisladora.
Hacia finales del año pasado, los senadores reformularon aquel proyecto, mismo que de nueva cuenta se rechazó en San Lázaro.
Finalmente, en el arranque de 2015, durante los trabajos de la Comisión Permanente se alcalzó un acuerdo entre ambas cámaras para presentar una propuesta común, misma que ayer salió adelante con el apoyo de la mayoría de los diputados. Hubo 26 votos en contra y 12 abstenciones.
En la presentación de posturas, hubo referencias a las dificultades que antecedieron a la reforma y no faltaron los reclamos hacia los senadores.
Así lo hizo el perredista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al exponer el contenido del dictamen y destacar que, desde el primer intento fallido de regulación a la fecha, el monto de los créditos de los gobiernos locales pasó de 390 mil millones de pesos a 490 mmdp.
“Si la Cámara de Senadores hubiese considerado de una mejor manera lo estipulado en el artículo 72, fracción H, relativo a que el tema de deuda pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no hubiese insistido en modificaciones estériles que sólo retrasaron y postergaron la aprobación de esta trascendental reforma, cuando pudo haberse aprobado desde diciembre de 2013, en consecuencia estos 100 mil millones de pesos adquiridos hubieran podido ser regulados bajo los principios de la presente reforma”, argumentó el diputado del PRD.
Alegó Moreno Rivera que resulta insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más de ciento por ciento de las participaciones federales de algunas entidades federativas.
En el mismo sentido, al fijar la postura de la bancada de Nueva Alianza, el diputado José González Roldán destacó que el dictamen resumía las coincidencias de las diversas fracciones y dijo esperar que el Senado cumpla su palabra de que sabrá respaldarlo, en tanto “es producto de un proceso legislativo de varios meses, de amplias discusiones y análisis”.
El dictamen destaca que el Congreso, a través de una comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso.
“Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los téminos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda”, se detalla en el documento.
Se trata de una reforma que sin impedir ni limitar la adquisición de empréstitos, fija una serie de criterios destinados a garantizar un endeudamiento responsable y transparente.
El proyecto enviado a los senadores para concluir el proceso legislativo también prevé la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública, y define mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que fiscalice dichos empréstitos.
Sin embargo sí se establece prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente, limitando su uso para inversiones públicas productivas.
Los congresos estatales tendrán la atribución de avalar la solicitud de un crédito público, siempre y cuando la medida cuente con el visto bueno de las dos terceras partes de los diputados presentes.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Damián Zepeda, expuso las consideraciones del PAN centradas en cuestionar a los gobiernos estatales priistas que dispararon sus montos de deuda en la última década.
“Lo que ha sucedido es que gobernantes, con una visión corta, buscando los aplausos, han sacrificado el futuro de nuestros hijos, y eso no debe ser válido. No más historias como aquellas que tuvieron que vivir Coahuila, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y muchos otros más, donde se hipotecó, por sus propios gobernantes, el futuro de los ciudadanos”, expuso el legislador sonorense.
