Es urgente que en San Lázaro, como en la sede del Senado de la República, se asuma con seriedad y se cobre conciencia del costo de estas unidades.
Por Enrique Aranda
Al filo del mediodía de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la constitución de la Comisión Especial para (dar seguimiento a) el caso Ayotzinapa, con amplias facultades no sólo “para dar seguimiento a las investigaciones realizadas” sobre el lamentable asunto sino, igualmente, “para interpelar e indagar a todas las autoridades implicadas”. Una comisión más, con un encargo tan amplio como incierto.
Lo anterior viene a cuenta para reiterar la urgente necesidad existente de que, igual en San Lázaro que en la sede del Senado de la República, se asuma con seriedad y se cobre conciencia del altísimo costo que, respecto de resultados, implican este tipo de unidades que, lejos de agilizar el trabajo legislativo y optimizar el aporte del Congreso a la solución de la compleja problemática nacional, no hacen sino complicarlo…¡en el mejor de los casos!
Hoy, vale recordar, la Cámara de Diputados federal cuenta con 56 comisiones ordinarias y 37 especiales —más la de ayer, obvio— en tanto que en los senadores “operan” con base en 64 ordinarias y 13 especiales lo que, a decir del último reporte legislativo de la consultoría Integralia, de Luis Carlos Ugalde, convierte a la Cámara alta mexicana en la que cuenta con un mayor número de comisiones en el mundo, en tanto que la Cámara baja, sin contar la constituida para el caso Ayotzinapa, era ya la tercera a nivel global.
De las mismas, el reporte citado señala que “con frecuencia, (las comisiones) no cumplen con sus obligaciones reglamentarias como (son) presentar sus planes de trabajo y sus informes anuales, así como sostener reuniones mensuales”. Así por ejemplo, “salvo una que se reunió en 40 ocasiones (la de Vigilancia de la Auditoría de la Federación, durante la vigencia de la LXII Legislatura), el resto de las 55 comisiones ordinarias incumplió con la obligación de reunirse al menos una vez
al mes”.
En el extremo, las comisiones de Vivienda, presidida por el (ahora ex) diputado Carlos Aceves del Olmo del Partido Revolucionario Institucional y la de Asuntos Migratorios, encabezada por la perredista exgobernadoraAmalia
García, sólo se reunieron en cuatro ocasiones durante el largo periodo de tres años. “La Comisión de Población, presidida por Javier López Zavala (PRI), no se reunió en ocasión
alguna según información oficial”, agrega el referido
reporte.
Constituir ahora una comisión especial más, entonces, no parece agregar nada al debate nacional que, desde septiembre pasado y, más específicamente tras la presentación de las conclusiones de las pesquisas realizadas por los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reavivó.
¿Por qué habríamos de creer o confiar en un resultado distinto?, ¿existe algún elemento para esperar resultados diferentes cuando las cosas continúan haciéndose igual? Al tiempo...
ASTERISCOS
* Más que en el bando contrario, la soledad extrema en que se encuentra hoy el panista Guillermo Padrés Elías, tras dejar la gubernatura de Sonora, y de la cual hablamos aquí el lunes, quedó más que manifiesta cuando el nuevo mandamás en el blanquiazul, Ricardo El Cerillo Anaya Cortés dejó en claro que ni por él ni por ningún otro funcionario —¿y/o legislador(es)?— acusado de corrupción apostará Acción Nacional o, en particular, su dirigencia. La lista, habría que recordar, es larga.
* Contra lo que muchos al interior de la tribu de los impresentables Chuchosdaba por hecho, todo apunta ahora a que la reforma estatutaria por la cual se pretende revocar el mandato de una militancia mínima para poder aspirar a un puesto de dirigencia en el Partido de la Revolución Democrática enfrentará resistencias por parte de quienes,
presuntamente encabezados por personajes de la talla de los senadoresMiguel Barbosa y Armando Ríos Piter y por el diputado Fernando Belaunzarán están dispuestos “a apostar el todo por el todo… a cambio de recuperar el partido”.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.
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