La maternidad y paternidad en centros de reclusión es una realidad olvidada por la sociedad y autoridades, pues cárceles de 10 estados de la República carecen de condiciones para que los reclusos puedan ejercer su derecho, esto de acuerdo con la organización Reinserta en su Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión 2019, en el cual se da cuenta de 436 menores que viven encarcelados.
A partir del diagnóstico de maternidad realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Reinserta indica que estas 10 entidades cuentan calificaciones menores a 7.3, lo que las coloca en amarillo dentro del semáforo del organismo autónomo.
Las entidades evaluadas fueron la Ciudad de México, que encabeza la lista con una calificación de 7.28; seguida del Estado de México con 6.22, Quintaba Roo (6.10), Puebla (6.05), Nuevo León (6.03), Tabasco (6.00), Sinaloa (5.62), Guerrero (5.17), Baja California Sur (4.95) y Tamaulipas (4.92).
En este análisis, Reinserta da cuenta que el sector más afectado son los hombres, ya que el marco jurídico nacional no contempla su derecho a la paternidad, como sí lo hace con la mujer.
La ley contempla para las mujeres el derecho a la maternidad y lactancia, a conservar la guarda y custodia de sus hijos y a acceder a los medios necesarios para su cuidado; mientas que, para los hombres, no se pronuncia respecto al derecho, condiciones y lineamientos de la convivencia entre estos y sus hijos ni sobre estrategias para apoyar el ejercicio sano y responsable de la paternidad.
“Lo anterior evidencia que la ley carece de perspectiva de género, y resulta discriminatoria, pues no contempla a los hombres como posibles cuidadores”.
Advierte que esta situación puede considerarse especialmente grave en aquellos casos en los que los padres fungieran como principales o únicos cuidadores de sus hijos previos a la reclusión.
Para su diagnóstico, Reinserta valoró la situación penitenciaria de mil 28 madres en prisión y de mil 795 hombres. Mientras que el análisis se centró en 22 centros a lo largo del territorio nacional, donde el 77.77 por ciento fueron mixtos, 11.11 por ciento femeniles y el resto varoniles.
De acuerdo con esta Organización de la Sociedad Civil será necesario accionar los mecanismos necesarios para garantizar que las mujeres privadas de libertad puedan ejercer su derecho a la maternidad dentro de prisión, pues destaca la falta de atención médica especializada y de servicios de calidad para embarazadas.
Ello, al denunciar que existen brechas en la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal que limitan el ejercicio a la maternidad de las mujeres, mientras que 29 por ciento de las encuestadas señalaron vivir al menos un embarazo dentro del centro y siete por ciento de ellas no contó con atención médica, aun cuando este derecho está marcado en la Ley.
Aunado a estas cifras, es significativo que 38 por ciento de las mujeres presentó amenaza de aborto durante su embarazo en el centro y 63 por ciento dijo que la alimentación que recibe no es adecuada para fomentar el desarrollo de su hija o hijo.
Por lo que Reinserta instó a las autoridades a habilitar espacios libres de violencia para menores dentro de los centros, como “Bebetecas”, y ludotecas.
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