Directivos del INE contrarían presidencia rotatoria

Directores de área y titulares de coordinaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) manifestaron su rechazo a la iniciativa que propone rotar al presidente del órgano electoral cada tres años, ya que ello afectaría la conducción de la institución y atentaría contra su autonomía, subrayaron.
Un árbitro independiente y autónomo es la mejor garantía para la recreación en paz de la democracia, señalaron en un pronunciamiento.
De renovarse la presidencia cada tres años, en la víspera de cada elección federal, cambiaría la conducción del Instituto, lo cual desestabilizaría y sometería el proceso comicial a una carga política adicional por el nombramiento, explicaron.
El pronunciamiento fue suscrito por el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo; René Miranda, director del Registro Federal de Electores, y Patricio Ballados, director de Prorrogativos y Partidos Políticos, así como otros 14 funcionarios.
Añadieron que no hay sustento racional para pretender reducir el periodo de duración del consejero presidente, a fin de nombrar uno cada tres que estaría sujeto a los vaivenes políticos de la Cámara de Diputados.
La razón para contar con una presidencia del Consejo General del INE por nueve años, estuvo basada en una lógica transexenal de garantizar que ese nombramiento —producto del consenso de las fuerzas políticas— no respondiera a la lógica de los ciclos electorales.
Agregaron que dicha iniciativa, como otras presentadas recientemente en la misma lógica, son una clara e injustificada intromisión en la vida interna del Instituto y una flagrante violación a la autonomía del INE plasmada por el propio Legislativo en la Constitución Política del país.
Los integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada del instituto, “rechazamos esa iniciativa y reivindicamos la labor profesional y el compromiso democrático de las y los consejeros electorales”, subrayaron.
Convocaron a los legisladores a analizar detalladamente las implicaciones de una reforma constitucional de esta magnitud que, de prosperar, significaría un retroceso en la certidumbre de las reglas vigentes y, por tanto, en la confianza en los resultados electorales.