Un día después de que Donald Trump sacudió la relación bilateral con un comentario inesperado –al parecer poco preparado por su gobierno– de que designará a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), ayer cundió el silencio en los circuitos oficiales mientras se desató una nueva edición del viejo debate sobre el papel de Estados Unidos en la guerra contra las drogas en México.
Con el gobierno federal en receso por el puente del Día de Acción de Gracias y el tuit presidencial poco activo, casi nadie abordó el tema en los circuitos oficiales, incluido el Departamento de Estado, instancia que oficialmente anuncia y aplica la designación de terrorismo en estos casos.
Y a quienes se preguntó evadieron el tema, dejando la cancha libre para que ex funcionarios, expertos y medios expresaran si estaban en favor o en contra y las implicaciones de dicha clasificación para la relación bilateral.
Es una idea terrible, en parte porque reducirá la cooperación mexicana, ya que muchos en México temen que sería un primer paso hacia algún tipo de intervención militar, algo que Trump repetidamente menciona cuando habla con presidentes mexicanos, comentó Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México (2016-2018) en entrevista con Vox.
El ex agente de la DEA Jack Riley –identificado como uno de captores de Joaquín El Chapo Guzmán– declaró que esa medida es justo por la que ha abogado durante años. Sería un jonrón, dijo a Fox News. Esto es exactamente lo necesario, al señalar que la designación liberaría fondos adicionales y la ayuda de las agencias de inteligencia y militares de Estados Unidos. Aunque es controvertido, y se afirmará que viola la soberanía mexicana y que “no podemos usar nuestros militares ahí… vean lo que hemos hecho en Irak y Afganistán en combatir a terroristas y lo que hemos logrado contra ISIS”.
Políticos conservadores promueven de nuevo la idea de calificar de terroristas a los cárteles mexicanos (la Casa Blanca previó hacerlo en 2008 con Bush y en 2010 con Obama), algo que algunos legisladores formalmente propusieron a principios de este año aunque en esa ocasión fue rechazado por innecesario por el secretario de Estado, Mike Pompeo, reportó The Wall Street Journal. Hechos recientes, como la tragedia de la familia LeBarón y la operación contra un hijo de El Chapo en Culiacán, han resucitado el coro en favor de la designación.
Varios coinciden en que la clasificación formal puede ser utilizada para justificar acciones más directas, incluso militares, en el contexto establecido por la llamada guerra contra el terror que se aplicó en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. De hecho, existe una ley (AUMF, por sus siglas en inglés) que autoriza el uso de fuerza militar contra terroristas, aprobada tres días después de esos ataques y sigue vigente.
Originalmente autoriza al presidente el uso de fuerza militar contra los responsables de los atentados, pero se ha empleado para lanzar acciones militares en otros países, sobre todo en Medio Oriente y África.
En abril, el régimen de Trump designó como FTO por primera vez a un componente de otro gobierno: la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Si Trump procede con su amenaza, podría haber consecuencias seguramente no previstas por el presidente, por ejemplo, que la venta de armas estadunidenses tendría que ser identificada como asistencia directa a organizaciones terroristas, indicaron dos analistas al recordar que Trump se opone a casi toda regulación de la venta de armas.
Otros señalaron que podría implicar que toda transacción de empresas financieras estadounidenses con México podría ser sujeta a sospecha de apoyo a intereses controlados por los cárteles. Además, la clasificación haría más difícil promover la política de rechazar las solicitudes de asilo de mexicanos que argumentan estar amenazados por la violencia de los cárteles, ahora identificados como terroristas.
La clasificación formal de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras lleva a la aplicación de varias medidas, como prohibir a toda persona en este país a brindar apoyo, bloquear cuentas y transacciones financieras e impedir el ingreso de sus integrantes.
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