CIUDAD DE MÉXICO
El sector privado en México no desistirá en su esfuerzo porque el Senado de la República rechace el artículo transitorio décimo quinto de la Ley de Ingresos de 2020, aprobado por diputados, que faculta al Congreso de la Unión para formular una ley que regularice vehículos de contrabando en el país, afirmó Guillermo Rosales Zárate, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Con David Páramo en Imagen Radio, Rosales Zárate aseguró que la nueva disposición presentada por el legislador Manuel López Castillo, apareció de manera sorpresiva y no era prioridad en la discusión de la Ley de Ingresos, pese a que el sector automotor abordó el tema con legisladores de todos los partidos de Tamaulipas, Ciudad Juárez o Baja California.
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Adelantó que están integrando un frente común con todas las organizaciones del sector automotor como son la AMDA, AMIA, ANPACT, Concamin y Canacintra, para informar a los senadores, sobre todo a Ricardo Monreal de MORENA, y la Secretaría de Hacienda, para poner sobre la mesa los impactos negativos al sector y al país sobre una decisión de esta naturaleza.
Te doy un dato, el total del parque vehicular registrado en todo el territorio nacional incluyendo automóviles, camionetas, camiones, autobuses tractocamiones ronda los 40 millones de unidades e incluyó en ese dato las motocicletas. Hablar de 18 millones de vehículos chocolate tendríamos que suponer que la mitad es chocolate, y eso es falso”, dijo.
Desestimó que la tenencia de vehículos de “contrabando rodante” sea un tema de urgencia nacional como lo han planteado los legisladores e insistió que es un asunto circunscrito a las ciudades de la frontera norte, y algunos “bolsones” de impunidad en el interior de los estados de Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato, gracias a la conveniencia de gobernadores y alcaldes.
El presidente de AMDA atribuyó que la eventual legalización de vehículos 'chocolate' estaría causando una pérdida de 30 por ciento en las ventas de vehículos nuevos en los próximos dos años, situación que, junto con el bajo dinamismo del mercado automotor interior, pasará de 1.3 millones de unidades a 900 mil.
Advirtió que la legalización de 400 mil unidades de contrabando en México estaría causando una pérdida de 50 mil millones de pesos en recaudación en el Impuesto Sobre Automotores Nuevos (ISAN), del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a empresas automotores, y tendría impacto “sensible” en la operación de las distribuidoras de autos.
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