El desastre de Culiacán ocurrió el mismo día en que los mexicanos intentaron amarrar su unión comercial con Estados Unidos y Canadá.
En tiempo, la petición de los vecinos para arrestar al hijo del Chapo estaba sincronizada con el máximo intento de cabildeo para cerrar el T-MEC.
“Esta carta muestra el fuerte compromiso de México para implementar y aplicar reformas laborales necesarias para satisfacer sus obligaciones conforme al T-MEC (Tratado México Estados Unidos y Canadá)”, expuso el jueves el congresista demócrata Henry Cuéllar, quien representa la región texana por la que cruza la mayoría de los tráilers y trenes que los mexicanos llenan de productos de exportación.
Cuéllar respondía así a la misiva enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los políticos estadounidenses para apurar la aprobación del tratado que él espera que empuje la economía.
A la hora de la respuesta de Cuéllar, los militares mexicanos entregaban de vuelta un presunto capo a su hueste por una estrategia mal establecida y ejecutada. Todo indica que el gobierno violó con ello el Estado de derecho.
Lo que más reclaman los vecinos es la falta de aplicación de justicia ¿Qué tanto puede hablar este error de los requisitos que piden los estadounidenses para firmar el contrato?
Ellos tienen a El Chapo. Al parecer, pidieron a su hijo, pero el equipo de AMLO falló y no mostró ser mejor que sus antecesores.
Nancy Pelosi, la líder de los demócratas que aún no aprueban el tratado comercial que sustituirá al TLCAN, evaluará si tiene consecuencias para su partido aprobar un acuerdo ante estos hechos.
Mientras, la economía nacional se estanca, también por la incapacidad del gobierno de poner orden en casi todos lados y en todos los niveles: federal, estatal, municipal...
Un desarrollador en Quintana Roo comenta que la alcaldía le cobra un impuesto local desproporcionado por su obra. Son tres millones de pesos si quiere avanzar con su pequeña torre de departamentos.
Pagar y pagar, con pobres servicios a cambio.
El 86.2 por ciento de la gente entrevistada por el Inegi en ese estado se siente insegura. Prácticamente solo uno entre 10 percibe que vive seguro en Quintana Roo.
Una empresaria de repostería fina dice que allá asaltan sus locales y los de sus vecinos unas dos o tres veces por mes. Que ya no saben qué hacer.
El problema no lo causa solo Morena. Esa entidad no la gobierna esa agrupación, pero un diputado federal de ese partido sugiere como solución a empresarios lo que hicieron en Nuevo León o en Baja California Sur: el 'derecho de piso' se paga porque se paga.
La opción es dar dinero a los 'buenos' o a los 'malos'.
El legislador cuenta que en la península norteña, hoteleros decidieron patrocinar el equipo requerido por La Marina para trabajar y que no les proporciona el estado.
¿Resultado? En Los Cabos la percepción de inseguridad bajó casi dos puntos porcentuales en tres meses. Un 34 por ciento de quienes ahí viven se sienten inseguros, de acuerdo con cifras del Inegi a septiembre.
La economía de Baja California Sur creció aproximadamente 50 por ciento desde 2015. La de Quintana Roo desacelera, aumentó menos de 20 por ciento en el mismo lapso.
¿Puede el camino del pragmatismo ser el más eficiente?
Más de 70 por ciento de los mexicanos sienten que su ciudad es insegura. Así llegamos al suspenso de este mes cuando en Palacio Nacional el presidente espera que los estadounidenses aprueben el TMEC.
¿Podrá conseguirlo con un país en desorden? Hasta la semana pasada había confianza.
“Las reformas laborales aseguran a los trabajadores de México el derecho a organizarse. Establece la creación de tribunales y un centro federal a cargo de la solución de controversias entre trabajadores, patrones y sindicatos”, expresó el legislador estadounidense Cuéllar el jueves, poco antes de que el gobierno revelara de manera enredada que atrapó y luego soltó a Ovidio Guzmán.
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