Toluca. El pleno del Congreso del Estado de México aprobó este martes un exhorto dirigido a los 125 ayuntamientos, el gobierno del estado, la Fiscalía General de Justicia de la entidad y la Secretaría de Seguridad para que a la brevedad emitan medidas de prevención y protección a los periodistas y garanticen su labor en la entidad.
La diputada Azucena Cisneros (Morena) detalló que en los últimos meses ya son varios los casos de agresiones contra periodistas, que en el ejercicio de su trabajo sufren de agresiones tanto por cuerpos policiacos municipales y estatales, como de un sector de la sociedad.
“De agosto de 2018 a la fecha, la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ha recibido 23 quejas por agresiones a periodistas, 16 de ellas en el presente año, y 8 de las cuales se iniciaron en los meses de junio y julio, siendo la mayoría propiciadas por servidores públicos”, dijo la legisladora.
El ejercicio periodístico fundamental para la consolidación de un estado democrático no puede estar sujeto a presiones ni mucho menos a agresiones de este tipo, menos aún cuando estas provienen de las autoridades.
En tal virtud, propuso hacer un exhorto a las diferentes instancias del gobierno y a los 125 ayuntamientos mexiquenses para que de manera coordinada y en ámbito de sus respectivas competencias emitan las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar a las y los periodistas un entorno seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e independiente; así como al cese inmediato de las agresiones contra ellos.
El exhorto aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios también pido a las autoridades a respetar el derecho de libertad de expresión consagrado en los artículos 6 y 7 constitucionales y les pide adoptar medidas específicas, adecuadas y efectivas para prevenir ataques y otras formas de violencia contra periodistas.
En otro punto, se pidió tanto al gobierno del estado como a las autoridades municipales a capacitar, concientizar e instruir a las fuerzas policiales sobre la importancia social del trabajo de los periodistas, “para protegerlos contra la intimidación y los ataques, pero sobre todo para que se les garantice que puedan ejercer su labor en plena libertad de circulación y puedan recolectar y difundir información sin miedo a represalias”.
En el documento se solicita que se recopile y analice la información que sirva para elaborar un mapa que identifique las zonas de riesgo para evitar agresiones potenciales a periodistas, y se pide, además, emitir protocolos de seguridad y planes de contingencia dirigidos a los servidores públicos estatales y municipales con el objetivo de que en todas sus actuaciones se respete el derecho a la libertad de expresión.
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