Nayeli Roldán y Manuel Ureste, dos de los periodistas que realizaron la investigación 'La Estafa Maestra', indicaron en La Nota Dura que, aunque la exsecretaria de Desarrollo Social fuera vinculada puede enfrentar todo el proceso en libertad.
El señalamiento contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por ejercicio indebido del servicio público corre el riesgo de quedar solo como una cuestión administrativa, indicaron Nayeli Roldán y Manuel Ureste, dos de los periodistas que realizaron la investigación llamada 'La Estafa Maestra'.
Dicha indagación describe la forma en la que tres dependencias realizaron el desvío de recursos públicos mediante la entrega de contratos a empresas que no existían.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el lunes que la exfuncionaria fuese vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
"La fiscalía la está citando (a Rosario Robles) para ver si se le vincula o no a proceso por un delito por ejercicio indebido de la función pública que es, en términos coloquiales, que no es tan grave y que incluso aunque fuera vinculada puede enfrentar todo el proceso en libertad", detalló Manuel Ureste en entrevista.
Ureste afirmó que celebran de manera moderada el que se cite a Robles, "pero creemos que se debe hacer mucho más para que se aclaré qué pasó con ese dinero".
"El temor es que se quede en una cuestión administrativa de si firmó o no un contrato, de si la factura estaba bien hecha o si el responsable final era la universidad. Y hemos visto otros casos en que fueron imputados, pero no fueron vinculados por esta misma situación"", dijo.
Al respecto, Nayeli Roldán, periodista coautora del reportaje 'La Estafa Maestra', agregó que esta investigación se realizó durante un año y que se comprobaron todas las cifras que se incluyeron en la misma.
"Demostramos que 11 dependencias del Gobierno federal habían subcontratado a ocho universidades públicas y estas subcontrataban a empresas ilegales y en algunos casos, fantasma y los recursos públicos desaparecieron", indicó.
La mañana de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el caso de los funcionarios señalados por haber participado en 'la Estafa Maestra', como Rosario Robles y Emilio Lozoya, la FGR está haciendo una investigación "amplia y sin limitaciones".
Al respecto, la exsecretaria de Desarrollo Social dijo este mismo martes que se enteró de la acusación que le hace la FGR por ejercicio indebido del servicio público, a través de los medios de comunicación y no por las autoridades.
Por lo que su abogado, Julio Hernández, promovió un juicio de amparo en el que acusó a la FGR de no respetar el debido proceso ni el derecho de defensa de su clienta por lo que pidió que se suspenda cualquier orden de detención.
“En la Fiscalía General de la República prefirieron llevar el caso como en un juicio de la Edad Media en la Inquisición, en donde jueces encapuchados decidían a quien en metían a la hoguera en leña verde, sin que mediara un juicio justo.
“Hasta este momento no hemos sido llamados a un juicio, ni hemos sido oídos ni vencidos en un proceso legalmente establecido, de manera que hay una actuación arbitraria y por supuesto violatoria de los derechos humanos de mi clienta y del debido proceso”, dijo Hernández.
En las próximas horas se sabrá si el juicio de amparo es aceptado, a que juzgado se asigna y si se concede algún tipo de suspensión.
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