La propuesta busca modificar el Artículo 223 de la Ley General en materia de Delitos Electorales que ya establece una sanción de entre dos y 14 años de prisión contra el funcionario público que cometa el delito de peculado.
El senador Sofío Ramírez explicó que la intención es agravar la pena siete años más, cuando el robo o desvío sea responsabilidad de un funcionario.
"Cuando los recursos materia del peculado sean otorgados en situaciones de emergencia se aplicará hasta una mitad más de las penas señaladas en los párrafos anteriores y se perseguirá de oficio", refiere la propuesta de redacción.
El legislador sostuvo que la reforma pretende garantizar un castigo para quienes se atrevan a lucrar políticamente con el abuso de los recursos públicos en condiciones de emergencia.
"Actúan como proxenetas de la desdicha, como diría Eduardo Galeano; a quienes debemos combatir y erradicar con todo el peso del Estado", pidió.
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