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jueves, 13 de diciembre de 2018

Contrarreforma educativa



Leonardo Kourchenko

Para atrás. Un retroceso sensible propone el nuevo proyecto educativo del gobierno. Así como sentenció el propio presidente López Obrador, “maestros, compromiso cumplido”, de la misma forma se explica que el origen fue político-electoral, no educativo.

La campaña de Andrés Manuel sumó a los sindicatos disidentes, a las fracciones radicales de la CNTE y algunos rebeldes del SNTE, en aras de reunir el mayor número de votos posible. A cambio, eliminar la reforma, “borrarla de la Constitución” y desaparecer al INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación).

Sin embargo, sustentan sus afirmaciones en una serie de falsedades, o por lo menos de verdades a medias. No existen “los miles de maestros sancionados por la evaluación punitiva”. Ningún maestro –y lo sostengo con datos del INEE– fue separado de su cargo a causa de una evaluación negativa. Es falso. Es una afirmación retórica de los maestros radicales para echar abajo la evaluación docente. Fueron separados del servicio alrededor de 540 maestros, todos, por ausentarse sin justificación a sus labores docentes: ninguno a causa de la evaluación.

La repetida “evaluación punitiva” es inexistente, puesto que no había consecuencias ni castigos. Tres evaluaciones reprobadas, después de tres períodos de aplicación, con los consiguientes programas y cursos de capacitación de por medio, producía, cuando mucho, el traslado de la planta docente al área administrativa. Es decir, cuando mucho, se le separaba de labores frente a grupo y se reasignaba como trabajador del área de administración, sin daño o menoscabo a su salario. ¿Dónde está entonces lo punitivo?

Muchas de las afirmaciones señaladas ayer por el secretario Moctezuma, como “la visión regional para la formulación de contenidos” o “la equidad con las escuelas más pobres”, existían ya en el marco de la reforma.

La desaparición del INEE procede de otra visión equívoca basada en la ignorancia y el revanchismo político: el INEE, señor presidente y señor secretario, NO EVALÚA, no es responsable de evaluar a los docentes. Ese es trabajo de la SEP y lo ha sido desde el primer día. El Instituto determina parámetros, áreas de interés relevante al sistema educativo, áreas de oportunidad para el crecimiento de los docentes. Y después, con los resultados en la mano –que provee la SEP y las agencias por ella contratadas para aplicar las evaluaciones– analiza los resultados y realiza recomendaciones.

Pero a la CNTE le parecía ofensivo que el INEE subsistiera, les parecía inaceptable que un instituto autónomo pudiera ofrecer una visión precisa, basada en evidencia, acerca del rendimiento, desempeño y orientación de los docentes. Había que destruirlo y el presidente les cumplió. No importa que fuera de enorme valía para la educación mexicana –pobre y atrasada–, no importa que ofrecieran estudios e investigación sólida que permitiera conocer el estado exacto de nuestras escuelas, directivos, aprovechamiento, competencias. Había que eliminarlo por una absurda promesa política de campaña. Lamentable.

Desaparecer el INEE representa un grave retroceso al pírrico avance educativo de México.

Y muy probablemente, como aparenta el anuncio, será solamente modificado su nombre y su estatus: pasará a ser el Instituto de Revalorización Magisterial y dejará de ser autónomo.

Al nuevo presidente le incomodan los organismos autónomos, esos que con respaldo de la Constitución pueden actuar y emitir posturas y dictámenes críticos al gobierno. Por eso hemos visto en los días recientes el ataque al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y en más de una ocasión, al otro INE, al electoral.

Los organismos autónomos fortalecen a un régimen democrático. Trabajan en el marco de la ley, pero separados de gobiernos y partidos. Son el garante de la rendición de cuentas, la esperanza de la transparencia, la institucionalidad de la observancia en políticas públicas y la garantía certera de datos confiables. Ahora serán, como tantos otros, empleados de la SEP y por ende sometidos a sus políticas y criterios.

Existen tres tipos de evaluación, la de ingreso, la de desempeño y la de concurso. El proyecto del nuevo gobierno pretende eliminar toda evaluación. Es decir, cancelan todo requisito mínimo para ser maestro, para medir su trabajo, para proveer un instrumento basado en el mérito y el conocimiento, de promoción y de ascenso. Volvemos a la era del control sindical. Ellos, los capos, perdón los líderes, deciden quién es director y quién coordina, quién puede buscar una promoción y quién permanece congelado en los sótanos del sistema.

Han sido evaluados en estos casi cuatro años de implementación, arriba de 800 mil docentes en México, donde la inmensa mayoría, arriba del 94 por ciento, afirma estar satisfecho con la evaluación.

El nuevo gobierno se equivoca en conceder “este compromiso cumplido” a los más radicales, porque vendrá ahora una batalla por los dineros y el presupuesto, que es lo que verdaderamente les importa. ¿También les va a conceder la nómina el presidente?

Otra más, a los docentes que obtuvieron sus plazas y ascensos con base en la evaluación, hay movimientos contrarreforma que los quieren perseguir, humillar y degradar, como hicieron ya en Chiapas en más de una ocasión. ¿Qué va a hacer el secretario con esos casos? ¿Va a permitir la persecución? O, ¿van a avalar los ascensos por concurso?

Vendrá una batalla entre organizaciones civiles y sociales en defensa de la educación de calidad con el Congreso, para impedir que sea aprobada esta contrarreforma.

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