Toluca, México.- La mayoría conformada por los grupos parlamentarios de Morena y Encuentro Social, más una diputada del PVEM propinó otro revés legislativo al gobierno estatal.
Ahora, de manera urgente - y en apenas unos minutos- echaron atrás parte de las reformas laborales avaladas por la anterior Legislatura, en unos cuantos días, para deslindar de responsabilidades a los alcaldes que arriban el primero de enero por los laudos laborales que heredarán los actuales gobiernos. Ese tema se suma a la abrogación de la Ley del ISSEMyM y al rechazo a los informes de las cuentas públicas 2017.
De paso, hicieron cambios para señalar lo mínimo que deben contener las declaraciones de intereses, y adicionar en la Ley de Contratación Pública del Estado de México una prohibición a servidores públicos a tener comunicación no documentada con cualquier prestador de bienes y servicios.
Reproches
Las bancadas del PRI, PAN, PRD y hasta el PT reclamaron la forma en que se avaló la iniciativa, pues criticaron que la orden del día se modificó este mismo jueves para incluir ese punto.
Las reformas a las Leyes Municipal, de Responsabilidades Administrativas y de Contratación Pública fueron aprobadas por 42 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.
La #LXLegislaturaMexiquense aprueba reformas a las leyes Orgánica Municipal, de Responsabilidades Administrativas y de Contratación Pública, relacionadas con el cumplimiento de laudos laborables y con acciones que prevengan y combatan actos de corrupción.
El tricolor acusó además que esas reformas tendrán un impacto negativo en los derechos de los trabajadores.
En respuesta, los diputados de Morena arremetieron contra los gobiernos del PRI y del PAN que endeudaron a los municipios, rechazaron que los cambios perjudiquen a los trabajadores y exigieron que las deudas sean cubiertas por quienes las generaron.
Entre los cambios que se avalaron destacan:
Derogar los artículos donde se establecía que los alcaldes son los responsables por la falta de seguimiento y atención de los litigios laborales en contra del ayuntamiento, pues esa responsabilidad es de los síndicos y eliminaron que sean responsables del pago de los créditos y de incumplimiento de sus antecesores, pues las deudas deben ser institucionales.
Los siguientes municipios prevén heredar deudas laborales por más de 7 millones de pesos.
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