La compra de carbón por parte del Gobierno mexicano ha encendido las alarmas, y no solo las ambientales. En este caso, por el supuesto conflicto de intereses de un senador del partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El empresario minero y legislador por el Estado de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, reconocible por su sombrero tejano y un tupido bigote, lleva dos años defendiéndose de quienes le acusan de beneficiarse de la empresa pública de electricidad. Es presidente de la Comisión de Energía del Senado, pero asegura que no vende al Gobierno desde hace cuatro años. Sin embargo, en el último llamado para comprar carbón realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al menos cuatro empresas asociadas a él o a su familia aparecen entre las potenciales beneficiarias, de acuerdo a una lista a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La adquisición, una especie de rescate económico para la entidad carbonífera, ha sido celebrada por Guadiana, quien asegura a este diario que “en lo personal” no tendrá “ningún beneficio”. De concretarse la firma del contrato, prevista para este viernes, al menos unos 57,9 millones de pesos irán a parar al entorno del senador.
El acuerdo anunciado el 14 de julio responde a una demanda de años de los pequeños productores de carbón. Los grandes empresarios, que vendían su producción a la metalúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), sufrieron el parón de las adquisiciones cuando la CFE canceló en junio un contrato de 14,7 toneladas. Pidieron participar en este convenio, cuyas negociaciones ya estaban en marcha. La compra de dos millones de toneladas se hará a 75 empresas mineras, seleccionadas entre 116 que fueron evaluadas por el Servicio Geológico Mexicano, de la subsecretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Economía. Un 28% del lote provendrá de microproductores, 44% de pequeños, 16% de los medianos, y solo 11% de los grandes. Según las fechas que le han dado a los empresarios, la firma de los contratos será este viernes y las entregas se harán desde el 1 de agosto hasta diciembre de 2021.
La CFE ha dicho que el proceso de adquisición por adjudicación directa se ajusta a los principios de “cero corrupción, cero coyotaje y preferencia a pequeños productores”. El senador Armando Guadiana ha rechazado en varias ocasiones la existencia de conflictos de interés durante la negociación del acuerdo. Ni un kilo de los dos millones de toneladas que comprará la eléctrica paraestatal saldrá de una empresa de la órbita familiar, ha asegurado. “Desde febrero de 2016 las empresas de las cuales yo soy socio y algún Guadiana es socio [no le venden al Gobierno], también le pedí a mi hermano que no le venda a la CFE”, declaró a mediados de julio tras darse a conocer el acuerdo.
Pese a estas declaraciones, el senador y su familia están ligados al menos a cuatro empresas mineras que aparecen en una lista del Servicio Geológico Mexicano: Carbón Mexicano, Zapaliname, Río Álamo y Minera 2G. Fundadas entre 1993 y 2005, tienen su domicilio en Saltillo, capital de Coahuila, o San Juan de Sabinas, municipio ubicado en la región carbonífera, al norte del Estado. El político no figura en ninguna de ellas como socio. En tres aparece como apoderado y en la cuarta son sus parientes o personas cercanas quienes ocupan cargos de responsabilidad o de representación legal. Dos de las empresas, Carbón Mexicano y Zapaliname, están registradas ante la Secretaría de Economía como partes del grupo empresarial Materiales Industrializados S.A. (MINSA), una compañía en la que el senador sí es socio.
“Ay, caray”, repite Armando Guadiana ante los cuestionamientos de este periódico. Si su apellido aparece en los papeles de estas empresas es porque tiene “muchos familiares”, asegura en conversación telefónica. “Voy a hacer una revisión exhaustiva, pero tengo familiares que son gente que se ha dedicado toda la vida a la actividad minera, y andan en apuros. Yo no soy socio, y eso es lo importante, pues no tengo conflicto de interés”, insiste. El senador, uno de los que negoció y pujó para que CFE comprara carbón a los productores asegura que lo hizo por “el compromiso moral con la gente de esa región, y no pensando en beneficiar a Juan o Pedro”.
El apellido del legislador aparece en múltiples documentos de las cuatro empresas disponibles en el Registro Público de Comercio. La composición de Zapaliname, la más antigua de las cuatro, lee algo parecido a un árbol genealógico. César Ariel Rodríguez Guadiana, sobrino del senador e hijo de Pilar Guadiana Tijerina, figura como uno de los dos socios. Sus tíos, los hermanos Armando y José Luis Guadiana, aparecen como apoderados con amplios poderes en actas del consejo de administración de 1994 y 2009. Cuestionado sobre los posibles beneficios que podría traerle la compra de la paraestatal a su hermano José Luis, el senador responde: “Él no le vende directamente a CFE”.
En Río Álamo los hermanos repiten sus papeles de apoderados según documentos de 2005, el año de constitución de la empresa, y de 2006. Rodrigo Hernández Ibarra, uno de los socios, también figura como comisario en Zapaliname en un documento de 2004 y como tesorero de una tercera empresa, Carbón Mexicano, en un acta de 2009.
En esta tercera minera, constituida en 2001, Armando Guadiana se erige como apoderado con poderes legales y de administración desde 2009. Ese mismo año, Carbón Mexicano aprobó un contrato de ocupación temporal de un terreno en Baja California Sur, donde el senador admitió públicamente tener negocios. Lo hizo con Marco Antonio Guadiana Rodríguez, hijo de su primer matrimonio, y Ricardo Enrique Aguirre Rodríguez, uno de los socios de Río Álamo, a cargo de la operación, siempre de acuerdo a los registros públicos. “Mi hijo no se dedica al carbón, no sé qué hará su nombre ahí. Déjame revisar, no estoy enterado”, dice el legislador al ser cuestionado sobre esto.
Guadiana otorgó en 2010, en carácter de apoderado de Carbón Mexicano S.A., un poder a Víctor Hugo Leija Peña para “realizar trámites” ante “dependencias del Gobierno” federal. En ese entonces, el senador no formaba parte del partido gobernante. El mismo Leija Peña se presenta ahora ante CFE como responsable legal de Minera Zapaliname a solicitar se le considere para un contrato, según el documento del Servicio Geológico.
En Minera 2G, constituida en 2001 en San Juan de Sabinas, los socios son Alma Patricia Guadiana Medina, sobrina del senador e hija de su hermano Fermín Guadiana Tijerina, y Juan Ernesto Galindo del Bosque, esposo de Guadiana Medina. La estructura de todas estas mineras y los nombres que aparecen en sus huellas burocráticas repiten el patrón de Minera Coapas o Ameca, dos empresas del senador que salieron a la luz en 2019 cuando se le cuestionó por otro acuerdo para comprar carbón en la región. En ese entonces, el político se había defendido diciendo que no existía “ningún conflicto de interés con el Gobierno de México”.
Además de la red de nombres que se repiten en las cuatro empresas, hay una quinta que también tiene un nexo familiar. Operadora Industrial, creada en 2006, tiene como apoderado a Osvaldo Garza Polendo, según un documento de 2016. Él está casado con Ana Laura Guadiana Gosagio, hija de José Luis y sobrina de Armando. En su perfil en la plataforma Linkedin, Garza Polendo se presenta además como empleado de MINSA, el grupo empresarial de la familia. Pese a su nexo con Operadora Industrial, en esta ocasión, se ha presentado ante CFE a solicitar un contrato como el representante de la minera Río Álamo.
“No he buscado un puesto público para ver qué peso puedo obtener de ello. Yo estoy dentro de los políticos con ética y moral, porque el 80% buscan el interés personal. No soy como alguna gente que al calor de los sexenios han generado riqueza aprovechando el puesto público”, se defiende Armando Guadiana. Su familia lleva meses negociando la compra de carbón. Todo empezó en enero en la vivienda del jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, en Monterrey. Dos días después de visitar Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó cinco minutos a escuchar a José Luis Guadiana Tijerina, según le contó él a los pequeños empresarios. De acuerdo a su relato, convenció al mandatario de cambiar el esquema de compra de carbón en la región bajo la excusa de beneficiar a los productores locales.
El Gobierno había mostrado su interés por cambiar ese esquema para poder reducir el costo de producción de sus centrales carboeléctricas. El mercado eléctrico funciona de acuerdo al principio de despacho económico. Es decir, las centrales más baratas, generalmente renovables, suben antes su producción a la red que las carboeléctricas de la empresa pública, más caras y antiguas. Esta situación ha motivado las quejas de López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, quienes consideran que la paraestatal ha sido injustamente tratada por el esquema creado por la reforma energética de la Administración anterior.
En junio, cuando la empresa pública canceló el contrato con Altos Hornos de México, adujo en un comunicado que el precio al que le estaba comprando la tonelada, 1.129 pesos, representaba un “sobrecosto”. El costo de producción por MWh en la zona es de un promedio de 875 pesos, según la CFE, un precio con el que las carboeléctricas difícilmente pueden competir. Con el nuevo acuerdo, los productores venderán el carbón a 1.034 pesos por tonelada, un precio un 8% menor al de AHMSA.
La CFE informó este jueves a los productores que comprará entre 14.000 y 25.000 toneladas a cada uno, repartidas en los próximos 18 meses. La cantidad dependerá de si se trata de una empresa pequeña, mediana o grande. Bajo este esquema, y con el valor de la tonelada ya establecido, el dinero que podría ir a parar a las arcas del entorno de Guadiana ronda los 57,9 millones de pesos, 2,6 millones de dólares.
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