31 de Julio de 2020
El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se encuentra hoy en día plagado de investigaciones en varios sectores que son acusados de corrupción. El pasado 30 de julio se dio a conocer que en temas de seguridad nacional, las autoridades de ese entonces habrían sobrepasado el presupuesto asignado hasta 7,000%, sin que se comprobara el destino de ese dinero.
Para dicho periodo presidencial se asignaron un total de 40,009 millones 807,763 pesos destinados a temas de seguridad nacional, principalmente a la lucha contra el crimen organizado.
Pero, de acuerdo con una investigación realizada por el periódico Milenio, ese dinero terminaría en la Secretaría de Gobernación, liderada en aquel momento por Miguel Ángel Osorio Chong y habrían sido dirigidos a una partida presupuestal que impidió al ojo público conocer su destino, actos que hoy son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública.
El periodista Víctor Hugo Michel destacó que a esa partida se le conoce como 33701, la cual ha comenzado a tener vigor durante el sexenio de Felipe Calderon para financiar misiones secretas, informantes, espías y otras actividades consideradas de riesgo por ser importantes para la seguridad nacional.
Así fue como año con año, la administración peñista podría haber gastado más dinero del que le habían autorizado. Al final de la administración el presupuesto 810 millones 578,971 pesos se rebasaría hasta un 7,000%. Lo que implicaría una diferencia de 39,199 millones 228,792 pesos durante los seis años que gobernó el priista.
Documentos de transparencia obtenidos por el medio mexicano demostraron que las explicaciones sobre el paradero del dinero serían escasas e imprecisas. Entre las polémicas adquisiciones que se hicieron bajo este precepto se encuentra el software de espionaje Rafael que, desde el pasado mes de diciembre, es objeto de investigación, tal como lo declaró el actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien también aseguró que el tema se encontraba en litigio al interior de la Policía Federal.
El sexenio de Peña Nieto ha enfrentado indagatorias importantes en temas de corrupción. Actualmente, hay dos ex funcionarios que están enfrentando a la justicia mexicana. Se trata de Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero mientras la exsecretaria de Desarrollo lleva un año encerrada en prisión preventiva, el exdirector de la petrolera estatal Pemex afrontará su proceso en libertad.
Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), está acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma.
Mientras que sobre Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, pesa el haber recibido supuestamente 10,5 millones de la constructora Odebrecht a cambio de obras públicas y un fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes.
Lozoya, prófugo de la Justicia capturado en España y extraditado el pasado 17 de julio a México, compareció esta semana ante dos jueces de control que lo dejaron en libertad condicional, por lo que no pisará la cárcel mientras afronte su proceso penal.
Un destino muy diferente al de Robles, quien fue encerrada en espera de juicio tras acudir a declarar el 13 de agosto de 2019.
El juez de control le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga al detectar que Robles posee una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al declarado. Para Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay una “selectividad y diferencia de trato” en ambos procesos porque “ella sí está en la cárcel y él no”.
La experta relató que en ninguno de los dos casos la prisión preventiva es obligada, pero apuntó que el exdirector de Pemex “ya fue prófugo de la Justicia y tiene propiedades y familiares en el extranjero, por lo que se le debiera presuponer un riesgo de fuga”
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