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lunes, 20 de enero de 2020

Otro bombón para Slim




Darío Celis



El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sucumbió frente al poder político de Carlos Slim y resolvió que la separación funcional de Telmex se diera en el papel, más no en la práctica.

La gran pregunta es hasta dónde se involucró el gobierno de la 4T. ¿Fue un guiño del presidente Andrés Manuel López Obrador para que todas sus ocurrencias tengan el respaldo del magnate?

¿O fue Olga Sánchez Cordero la que se fue por la libre? Y es que como ministra de la Suprema Corte de Justicia defendió siempre a Slim, y las empresas de éste siempre han sido clientes de sus notarías.

El IFT resolvió que Telmex use un esquema de prestación de servicios para sus sindicalizados que realicen funciones asociadas a servicios que den empresas mayoristas surgidas de la separación.

El organismo convocó a un pleno extraordinario el viernes, un día antes de que el gremio liderado por Francisco Hernández Juárez votara en asamblea estallar una huelga el 23 de enero próximo.

El amago era proporcional al peligro que para ese sindicato significaban los lineamientos del proyecto de separación original, que desde 2017 se venía estructurando con la opinión de la industria, bajo el principio de que Telmex es un agente con poder sustancial.

Pero Gabriel Contreras y otros comisionados afines, como Javier Juárez y Arturo Robles, claudicaron, al tiempo que Sánchez Cordero se metió a fondo a cabildear a favor de Slim.

La pinza la cerró Hernández Juárez, que azuzó a sus 36 mil trabajadores, para irse a la huelga y dejar incomunicado al país, como medida de presión para descarrillar el proyecto inicial.

Dice el Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones que el plan de implementación original era definitivo y no preveía espacio para que se revisaran o reconsideraran los términos establecidos.

Pero Telmex planteó la propuesta de modificación en un grupo en el que participan sus empleados y funcionarios del IFT cuando se le agotaba el plazo ya prorrogado para la transferencia de personal.

Lo que se anunció el viernes implica que la nueva empresa que Telmex debe crear, la mayorista, dependerá de los servicios laborales que le provea Telmex, la empresa que se supone será la minorista.

Con ello el IFT pretende minimizar el hecho de que la mayor parte de los trabajadores que deberían prestar servicios bajo la figura de la nueva empresa mayorista, ya no se migrarán de Telmex.

Ahora, los trabajadores permanecerán como empleados de la empresa que lleva Héctor Slim: es decir, Telmex estaría prestando un tipo de servicios conocidos como insourcing.

El problema es que al permanecer como empleados de Telmex, por más promesas de que se desempeñarán de manera independiente al resto de la estructura de Telmex, seguirán directamente vinculados.

Ese hecho desarticula la potencia o efectividad que pudo tener el plan de separación funcional originalmente planteado.

Por más que el IFT subestime la gravedad de lo que resolvió, permitir que Telmex retenga a sus trabajadores con un especie de insourcing genera incentivos perversos.

Estos vicios afectarán la prestación de los servicios mayoristas en condiciones no discriminatorias, objetivo primordial que perseguía la real separación funcional, no la simulación que se aprobó.

Al permanecer como empleados subordinados a Telmex/Telnor, no hay garantía sobre la condición necesaria para que no utilicen de manera indebida y a favor de Slim información confidencial.

La competencia tendrá auténticos caballos de Troya con acceso a planes, proyectos o solicitudes de servicios que hagan a la empresa mayorista los operadores competidores de Telmex.

MÁS ALLÁ DEL chistorete en que se convirtió la propuesta de rifar el avión presidencial, hablando en serio, la orden que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio de no utilizar la flota más pequeña de 27 aeronaves, tampoco se cumplió. Existen datos de que esos aparatos que también forman parte del catálogo de activos para su venta, están siendo utilizados en diversas misiones, principalmente las que se llevan a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard. Por ejemplo, cuatro aviones que eran del extinto Estado Mayor Presidencial fabricadas por la estadounidense Gulftream Aerospace, registraron actividad durante 2019 y lo que va de 2020. Algunas de las rutas que se cubrieron fueron: Riviera Maya, Mérida, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey, Torreón, Veracruz, Ciudad Victoria, Oaxaca, Villahermosa, Oaxaca, Villahermosa, Tijuana, Ensenada, Torreón, Veracruz, León, Acapulco, Dallas y El Paso (Texas), Punta Cana (República Dominicana), La Paz (Bolivia), Lima (Perú) y Asunción (Paraguay).

STANDARD & POOR´S informó el viernes que por solicitud de Offshore Drilling Holding retiró la calificación del bono de 950 millones de dólares, en función de que no era obligatorio mantenerla y además cuenta con la de Fitch Ratings, que es suficiente para mantener informado a sus inversionistas. El movimiento generó versiones de incumplimientos en el pago de dicho papel que vence este año. Grupo R, de Ramiro Garza, aclaró que ha cumplido con las obligaciones financieras y sus cinco plataformas están 100 por ciento disponibles para las empresas del grupo.

SUR, DE FERNANDO Chico Pardo, inició ampliaciones a las áreas de rodaje y plataforma de la terminal 4 del aeropuerto de Cancún.

Se invertirán 2 mil 700 millones de pesos. Incluya extensiones de la terminal 3 y sistemas de revisión de equipaje documentado de las terminales 2 y 3. Con ello se permitirá que las aeronaves abandonen rápidamente la pista haciendo posible un mayor número de operaciones. En la Terminal 4 se contempla la construcción de ocho mil 987 metros cuadrados, seis puertas de abordaje con aeropasillos, 720 asientos en la sala de última espera.

MERCADOLIBRE, QUE DIRIGE David Geisen, realizará el 20 de febrero MeliXP, su primer encuentro de negocios en el país. Se espera la asistencia de unos tres mil asociados a su plataforma. Vendrá el fundador y CEO, Marcos Galperin, quien hará una presentación de todo el ecosistema de la compañía surgida en Argentina en 1999 y que hoy tiene un valor de 33 mil millones de dólares y que ejecuta más de 2.5 millones de transacciones de comercio electrónico al día. Aquí invirtieron 575 millones de dólares entre 2018 y 2019.

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