CIUDAD DE MÉXICO.
Con cambios a la propuesta original que hacen a un lado a la Fiscalía General de la República (FGR), el pleno la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Amnistía del Ejecutivo federal que busca liberar a personas pobres y altamente vulnerables encarceladas por aborto, narcotráfico, robo simple y sin violencia, así como por protestas sociales y políticas.
Morena y sus aliados aseguraron que se está haciendo justicia a los encarcelados injustamente; el PAN acusó que se abren las puertas de las cárceles a criminales por narcomenudeo; mientras bancadas como el PRD y el PRI advirtieron de problemas de inconstitucionalidad.
Además, hubo críticas de que no hay una medición de cuántas personas se beneficiarán de la ley, pero sí que, en casos como robo simple o aborto, habrá pocos o cero beneficiarios.
No mal informen a la gente, porque la Ley de Amnistía se refiere a hechos que no son violentos y casos muy específicos donde debe imperar la justicia y el reconocimiento de casos concretos que de manera injusta alguien está en prisión y la Ley de Amnistía se convierte en la vía para que sean liberados”, defendió la diputada morenista Claudia Pérez Rodríguez al presentar el dictamen.
La ley, aprobada con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, en una discusión de cinco horas, fue enviada al Senado de la República con cambios a la propuesta del Ejecutivo federal. Entre ellos se modificó que la apertura del proceso para beneficiar a una persona de esta ley estará a cargo de una comisión especial que deberá integrar el Ejecutivo federal; la propuesta original daba esa facultad a la FGR.
Dicha comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que éste, en su caso, la confirme”, señala el artículo 3 de la ley.
La creación de la comisión que examinará los casos de amnistía fue criticada por la oposición, porque el dictamen no define quiénes la integran ni sus funciones. Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del PRD, dijo que “la aplicación de la ley corresponde directamente al juez y, en todo caso, a la Fiscalía General de la República y no a una comisión del gobierno en donde únicamente cobrarán los amigos y allegados del Presidente”.
También señaló que la ley servirá de poco y, en muchos casos, de nada porque, aseguró, “no hay una sola mujer encarcelada por abortar en el fuero federal”, no hay detenidos por sedición, y “para liberar a personas por robo y narcomenudeo, las condiciones que se requieren para ser del conocimiento federal son tales, que prácticamente hacen inaplicable la amnistía que el Ejecutivo pretende”.
Enrique Ochoa, del PRI, advirtió puntos de inconstitucionalidad en la ley, porque la comisión dará amnistía a personas sin tomar en cuenta a las víctimas ni la reparación del daño.
En tanto, el diputado panista Felipe Macías señaló que “cada vez que se habla de amnistía y de perdón se empodera a la delincuencia”.
CÁRDENAS Y SALINAS TAMBIÉN INDULTARON
Antes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, otros mandatarios, como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, concedieron amnistía, principalmente a grupos sociales que participaron en sublevaciones o rebeliones.
El expresidente Lázaro Cárdenas benefició en 1936 a civiles y militares que participaron en rebeliones al término de la Revolución.
Luis Echeverría decretó en 1976 amnistía a las personas acusadas de sedición que cometieron delitos del fuero común (homicidio, lesiones) en el conflicto estudiantil en 1968.
El 22 de enero de 1994, Carlos Salinas de Gortari benefició a los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se levantaron en 1994.
Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal... por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia... suscitados en varios municipios del estado de Chiapas el día primero de enero de 1994”, refiere el artículo citado en la argumentación del dictamen con proyecto de Ley de Amnistía.
El documento también recuerda el indulto que otorgó el presidente Benito Juárez a quienes apoyaron al emperador Maximiliano de Hamburgo.
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