CIUDAD DE MÉXICO.
La empresa de distribución y comercialización de gas LP Blue Propane, de Jorge Alberto Elías Retes, de nuevo es acusada de repartir moches para sobornar a las autoridades de la nueva administración, a fin de abrir las gaseras que construyó bajo el amparo de permisos de dudosa procedencia y la protección de funcionarios corruptos de anteriores gobiernos.
Fuentes que prefieren el anonimato por temor a represalias aseguran que Mario Escobedo Carignan, actual secretario de Economía de Baja California, ya es señalado por una posible conexión con la empresa. Su principal objetivo sería el permitirles la operación de las diez gaseras que ponen en riesgo las zonas urbanas donde fueron instaladas luego de recibir sobornos.
El funcionario es hermano de Óscar Escobedo, exsecretario de Turismo en la entidad, a quien se le atribuye una amistad cercana con Juan Manuel Gastélum Buenrostro, exalcalde de Tijuana y quien fue el que otorgó los permisos para la instalación de las estaciones de servicio a Blue Propane.
Se dice que Escobedo Carignan fue el vínculo que necesitó Jorge Alberto Elías Retes para acercarse al gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, quien asumió el cargo en noviembre de este año.
El objetivo de este empresario era ayudar económicamente al equipo de transición, y con ello alcanzar acuerdos que lo beneficiaran en el largo plazo.
El actual secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan, ya recibió de la empresa un escrito con fecha de 3 de diciembre de este año, donde el apoderado legal, Edgar Allan Jaramillo Pérez, le exige que revise el caso que mantiene cerradas diez estaciones gaseras de la empresa, a fin de que puedan ser abiertas, esto pese a que fueron clausuradas por no cumplir con lo establecido en la normatividad.
LOS SOBORNOS
En días pasados se informó que la Fiscalía General del Estado de Baja California citará a declarar a empresarios señalados de dar dádivas o moches a funcionarios corruptos, entre ellos a los dueños de la gasera Blue Propane, a quienes se les acusa directamente de entregar dinero y camionetas de lujo, para posteriormente ser cobrados con favores especiales.
Entre los funcionarios señalados por supuestamente aceptar sobornos se encuentran también el exoficial mayor del gobierno de Baja California, Jesús Demién Núñez, y a la exsecretaria de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes, quienes ya fueron despedidos de la administración por éstos y otros actos de corrupción.
Según la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública en la entidad, ambos funcionarios recibían dinero constantemente, así como camionetas de lujo.
Sobre estas acusaciones, Núñez Camacho dijo que eran falsas. Sin embargo, solicitó licencia para separarse de su cargo bajo el argumento de facilitar las investigaciones y que éstas se hagan con total transparencia.
Negó llevar a cabo cualquier “convenio o contrato” para beneficiar a proveedores.
También se dieron a conocer conversaciones y audios enviados por WhatsApp, entre Cynthia Gissel García y el subsecretario Rosendo Colorado, donde la primera supuestamente exigía más dinero en sobornos. Derivado de éstos, la ahora exfuncionaria cayó en coma.
ABRIR LAS GASERAS
Durante años, Blue Propane logró un crecimiento significativo en el norte del país. Sin embargo, sus inversiones y ganancias son incongruentes con lo que constantemente reporta a las autoridades, por lo que ha sido investigada por lavado de dinero, soborno a funcionarios e incluso venta de combustible robado.
A esta situación se suman las acusaciones y denuncias de los residentes de diversas colonias donde la gasera construyó sus estaciones de servicio bajo el amparo de permisos de dudosa procedencia y la protección de funcionarios corruptos, quienes permitieron el cambio de uso de suelo y entregaron las autorizaciones para estos trabajos.
Actualmente, diez de estas estaciones se mantienen clausuradas, y a través de su apoderado, Edgar Allan Jaramillo Pérez, asegura que el gobierno estatal y municipal no tienen las facultades para mantener cerradas las gaseras, pues considera que ésa es una facultad federal y que la empresa ha cumplido con lo establecido en la ley.
No obstante, de manera contradictoria, el escrito en el que plantea dichos argumentos le fue enviado a Mario Escobedo Carignan, actual secretario de Economía de Baja California, donde se le solicita que revise el caso para que las estaciones puedan operar.
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