Trabajadores y personal académico de al menos 25 universidades públicas del país entraron ayer en un “paro nacional” como método de protesta en contra de las llamadas restricciones presupuestarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la educación superior y para exigir que se les proporcionen recursos adicionales a nueve universidades, que estarían en crisis financiera.
El paro técnico fue convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que, de acuerdo con su secretario general Enrique Levet, la noche del martes ya hubo un acercamiento de parte de la subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Hacienda, quienes le expresaron que “ya tienen una ruta de solución”.
“Se hicieron planteamientos muy serios de cómo se podría atender el problema”, dijo durante un encuentro con medios en Xalapa, Veracruz.
Detalló que se requiere dar prioridad a la crisis financiera que aqueja a la Universidad Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Zacatecas y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como las universidades de Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas.
De acuerdo con la organización, el presupuesto que se le destine a la educación superior debe permitir el mejoramiento del salario, las condiciones de trabajo y la seguridad social de los trabajadores, el cual, explicó, “debe ser alrededor de 17 mil millones de pesos”.
Por ahora, la decisión sobre un mayor presupuesto a la educación superior está en manos de la Cámara de Diputados, que en las próximas semanas deberá discutir y aprobar el proyecto de presupuesto para el próximo año. Razón por la cual se anunció que el próximo viernes, junto con la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, protestarán en las inmediaciones del palacio legislativo de San Lázaro.
Cuestionado sobre los dichos del presidente, en el sentido de que, aunque se pare el país, su gobierno no va a estar a expensas de chantajes, Levet Gorozpe dijo que dentro de las políticas del Gobierno también están los derechos laborales.
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