Ciudad de México. Los centros de privación de la libertad dependientes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las procuradurías y fiscalías estatales persisten irregularidades que pueden derivar torturas y otros maltratos, subrayó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).
Esa instancia, adscrita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó dos informes especiales y uno de seguimiento en los que alerta sobre los riesgos en los espacios de detención ya que no cumplen con la aplicación de todas las salvaguardias a las que tienen derecho las personas en custodia, como la realización de un examen médico dentro de las 12 horas desde su detención, acceso a un abogado, recibir información sobre sus derechos y que se avise a terceros sobre su aprehensión.
El MNPT dirigió el Informe Especial 1/2019 a la FGR y a las procuradurías locales, y es resultado de visitas de supervisión a centros de detención en en primer trimestre del año en las que se entrevistó a 792 detenidos.
Se comprobó que en estos sitios de reclusión se dificulta la comunicación de los asegurados con sus familiares y abogados por falta de acceso a llamadas telefónicas; no se les realizan exámenes médicos por falta de personal o instalaciones, y cuando se practican, se llevan a cabo frente a personal policial o del Ministerio Público; no se les informa a disposición de quién se encuentran, quiénes los acusan, el presunto delito que cometieron; no se les garantiza su derecho a guardar silencio y declarar en cualquier etapa del procedimiento.
En el Informe Especial 2/2019 se dirigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En éste se acredita la falta de acceso a sus derechos de las personas privadas de la libertad en el Centro de Justicia de Valle de Chalco y se formulan 16 recomendaciones específicas.
En ese espacio de detención se verificó la falta de infraestructura, de personal capacitado y servicios básicos como el suministro de comida y agua para beber, así como de colchones y cobijas, que no garantizan estancia digna para los internos; tampoco hay áreas para alojar mujeres, ni privacidad telefónica para que los detenidos se comuniquen con sus familiares o abogados, ni se cuenta con defensores de oficio adscritos al centro, el personal de custodia y seguridad es insuficiente y no está capacitado en derecho humanos y/o prevención de la tortura; las certificaciones de integridad física se realizan sin privacidad y frente a los policías, y si alguna persona presenta lesiones el médico legista no da vista al Agente del Ministerio Público, así como también se carece de infraestructura para personas con discapacidad.
El MNPT también difundió el Informe de Seguimiento ISP-6/2018, dirigido a autoridades de Baja California, ya que en el Centro de Internamiento para Adolescentes de esa entidad se privó de actividades deportivas al 55 por ciento de los internos, al 22 por ciento de actividades culturales y al mismo porcentaje de actividades laborales.
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