Órganos de control deben imponer sanciones por daños patrimoniales
El magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa, Alberto Gándara Ruíz planteó la necesidad de fortalecer el sistema de responsabilidades y hacer ajustes para corregir omisiones, duplicidad de sanciones y establecer que los órganos de control puedan imponer sanciones económicas cuando existan daños o perjuicios patrimoniales.
Al ofrecer la conferencia “El Sistema Nacional Anticorrupción y áreas de oportunidad para su implementación”, organizada por la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense también propuso no equiparar las faltas graves a delitos, reordenar las faltas administrativas y las sanciones.
Admitió que desde el punto de vista de la ciudadanía ha habido pocos avances en el combate a la corrupción, pero todas las instituciones trabajan en eso y se requiere voluntad para avanzar.
Aclaró que no todas las faltas que se cometen son corrupción y puso sobre la mesa la necesidad de discutir si debe existir una sola Ley General de Responsabilidades o si las entidades deben generar sus propias normas locales, pues el servicio público es único y debe estar regulado por las mismas reglas del juego para tener las mismas obligaciones.
Propuestas
Sus propuestas incluyen hacer más expedito el sistema de responsabilidades, simplificar el procedimiento, aclarar plazos y establecer un procedimiento oral para faltas menores que se resuelva en la primera audiencia, a fin de dar celeridad; así como incorporar el concepto y los tipos de conflicto de interés para que los servidores sepan cuándo podrían incurrir en ellos...
Gándara advirtió que en lugar de principios éticos y directrices que si se violan podrían no ser sancionados, debería existir un catálogo de obligaciones y prohibiciones de cada principio del servicio púbico para que no solo sean buenas intenciones, así como reordenar las faltas administrativas y el catálogo de sanciones porque se duplican y que la destitución e inhabilitación hasta por 20 años solo sean en faltas graves.
Otra propuesta es ampliar el catálogo de prohibiciones y obligaciones de faltas graves y no graves, pues consideró que quedaron muy acotados y hay conductas que podrían sumarse; así como la posibilidad de que las faltas no graves puedan ser consideradas graves.
Advirtió que el hecho de que las faltas graves se haya equiparado a delitos obliga a los operadores a utilizar técnicas de derecho penal en el ámbito administrativo y a prácticamente tipificar como delito una falta; por lo cual planteó trasladar tipos administrativos penales a faltas administrativas y modificar la redacción.
Por otra parte, explicó que el tema de usuarios simulados se ha cuestionado por el principio de presunción de inocencia, por lo cual la prueba, de esos procedimientos, se podría considerar ilegal pues hace que la persona caiga en el error y el servidor puede señalar que lo orillaron a que cometiera una falta.
También precisó que la política debe ir enfocada principalmente a la prevención, pues todo mundo habla de sanciones, de fiscalizar, pero muy pocos de la prevención, que es lo fundamental para evitar actos de corrupción y toda política debe ir enfocada a eso.
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