Ciudad de México. La asociación civil Defensa Colectiva busca reclamar ante tribunales que se cumpla con la obligación de las gasolinerías de la franquicia de Pemex de vender “litros de a litro”. Para ello interpuso un juicio de acción colectiva, el cual sin embargo ha sido desechado por temas de forma, tanto en primera como en segunda instancia.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Primera Sala deberá resolver este próximo miércoles 21 de agosto, si es procedente o no llevar el tema ante la justicia federal, se trata del amparo directo en revisión 559/2019.
Víctor Hugo López Lamadrid, abogado de Defensa Colectiva, explicó que su queja surgió luego de los reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), levantados entre los años 2011 a 2015, según los cuales la mayoría de las gasolinerías venden litros incompletos.
El litigante afirma que tanto Pemex, como su filial Pemex Refinación, tienen la obligación legal de verificar que su franquiciatarios entreguen a sus clientes finales litros completos, y al no revisar esta condición, estarían incurriendo en una violación a la ley.
Sin embargo, esta demanda colectiva ha sido rechazada debido a que se promovió como una acción difusa, es decir, que no detalló el número, identidad o localidad específicos de las personas que habrían sufrido un daño por esta omisión.
Para el abogado López Madrid, se trata de un tecnicismo que dejaría en la indefensión a los consumidores de las gasolinerías concesionadas de Pemex, y explica que es “inconstitucional que se hayan establecido por parte del legislador normas que generen una desproporción entre los fines de las formalidades y la correcta administración de justicia”.
Por ello recurrieron al amparo, afirmando que las normas del Código Nacional de Procedimientos Civiles que les impiden llevar su queja a tribunales son violatorias de los derechos humanos, de los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica y acceso efectivo a la justicia.
Sin embargo, el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, propone negar el amparo y declarar infundados los agravios, confirmando los argumentos del juzgado de origen y el tribunal colegiado que desecharon el caso.
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