El Congreso de Baja California decidirá en la sesión ordinaria del próximo 25 de julio si hace la declaración de validez de la reforma constitucional para un gobierno de cinco años o, por el contrario, aprueba un mecanismo que cancele la ampliación del gobierno tras analizar el exhorto que les hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Al no tener un carácter vinculatorio ni repercusiones jurídicas, los legisladores locales analizarán desde el ámbito político si hacen caso omiso del exhorto que hicieron los senadores y diputados federales.
Por separado, el gobernador electo, Jaime Bonilla, y Amador Rodríguez Lozano, propuesto como secretario general de Gobierno, ponderaron la decisión soberana del Poder Legislativo de Baja California en la modificación del periodo gubernamental.
En el Congreso local existe una nueva mayoría de facto con el bloque hecho por los tres diputados de Morena, cinco priistas, uno de Transformemos, otro de PT y 11 legisladores que se desvincularon de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y MC.
La XXIII Legislatura entrará en funciones el primero de agosto con mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados (PT, PVEM y Transformemos) al tener 17 de 25 curules, mientras el PAN sólo contará con tres diputados, el PRD con dos, MC con uno, al igual que el PBC y el PRI.
Este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció en contra de Decreto número 112 que reformó la Constitución Política de Baja California para ampliar a cinco años al próximo gobierno de Jaime Bonilla Valdez, de Morena. Los senadores y diputados federales exhortaron al Congreso de Baja California y a los ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito a realizar acciones para dejar sin efecto este decreto y “garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal”.
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