*Órganos electorales inservibles
*Miles de millones a la basura
Por I. León Montesinos
De cara a las elecciones del 2018, es hora que los mexicanos preguntemos a nuestra desgastada y onerosa partidocracia si vale la pena seguir destinándole multimillonarias cantidades para mantener un sistema democrático que recicla en cada elección vicios como la compra de votos y el fraude electoral, con resultados llenos de dudas que no convencen a nadie y acrecientan la apatía de los votantes.
¿Sabe usted cuánto le han costado a los mexicanos las tres elecciones celebradas en lo que va del sexenio? En número aproximados, unos 100 mil 535 millones de pesos; 37 mil millones en la intermedia del 2015; 34 mil en las del 2016 y 29 mil 535 en la del presente año.
Tales suman incluyen los gastos y las nóminas de las instituciones encargadas de operar nuestra atrofiada democracia, como son el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y, por supuesto, el financiamiento a los partidos políticos.
Para el próximo año en que habrá elecciones presidencial se estima un gasto de alrededor de 50 mil millones de pesos con lo que la cifra global ascendería a los 150 mil 535 millones de pesos. Poco más de la cuarta parte del presupuesto asignado en 2017 a todas las instituciones salud que ronda los 535 mil millones de pesos y muy superior a los 121 mil millones de pesos que recibió la Secretaría de Salud para atender a más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.
Inmersos en el lodazal de la guerra sucia y las mutuas acusaciones de corrupción, los candidatos y sus partidos se olvidaron en el pasado proceso electoral de analizar los graves problemas que enfrentan los casi 20 millones de mexicanos con derecho a votar, registrados en las listas nominales del Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, un buen porcentaje de ellos representado por jóvenes que debían acudir por primera vez a sufragar y dieron la espalda a una clase política experta en reciclar su retórica demagógica pero carente de propuestas.
Tras los resultados, candidatos y dirigentes de todas las siglas se acusan de fraude exigiendo la anulación de las elecciones en Coahuila y el Estado de México ante la incapacidad, acusan, de los organismos electorales locales y el manto de desconfianza en los fallos de las máximas instancias como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos consejeros y magistrados cobran millonarios sueldos que no se justifican en los hechos.
Los partidos hablan de fraude en su contra, pero nada dicen a la población en general, del fraude que desde hace años vienen cometiendo a los recursos del país al utilizarlos en el sostenimiento de un régimen de partidos que ha hecho de la política y del imperfecto sistema electoral un redituable negocio para unas cuantas familias y grupos que desde hace décadas se heredan cargos de elección y posiciones en las tres instancias de gobierno.
Llama poderosamente la atención que de los 19 millones 882 mil electores registrados en las listas nominales de los cuatro estados donde hubo elecciones en junio pasado, sólo acudieron a votar 10 millones 334 mil; esto es, un promedio de un 53,5 por ciento. Pero si a esta cifra le restamos el 3 por ciento de los votos anulados por aquellos que así manifiestan su desacuerdo con los partidos, tenemos que sólo 10 millones 24 mil mexicanos buscaron expresarse a través del sufragio.
El porcentaje de votos efectivos se reduce a un 50,5 por ciento.
Sin excepción, los partidos nada comentan del derroche de recursos que cuesta a los mexicanos su lucha por el poder. En la reciente elección, por ejemplo, el gasto por voto se incrementó considerablemente en un 81,66 por ciento en Nayarit, donde cada sufragio tuvo un costo de 222 pesos; en Coahuila se elevó en un 42,14 por ciento para alcanzar los 195 pesos, mientras en el Estado de México llegó a los 209 pesos y en Veracruz a los 193 pesos. En 2016 el gasto promedio por sufragio ascendió a 611 pesos.
Si consideramos que la mitad de los electores no acudió a las urnas y que el gasto operativo de la elección ascendió a poco más de 4 mil millones de pesos, entonces 2 mil millones de pesos se fueron prácticamente a la basura. Es obvio que los partidos son responsables de tal dispendio por su incapacidad de convencer a los votantes. Bajo tal nivel de abstencionismo, puede conjeturarse que de los tres procesos electorales ya celebrados, y el que está por venir en 2018, por lo menos 10 mil millones de pesos no tendrán utilidad alguna.
Parte de este hartazgo a los partidos es consecuencia directa de no votar leyes y elaborar políticas públicas que ayuden a millones de ciudadanos a salir de la agobiante crisis económica, social y de inseguridad que enfrentan. Es momento que los mexicanos nos preguntemos si vale la pena dilapidar recursos en elecciones truqueadas, o emplearlos en acciones más útiles y productivas como equipar hospitales y dotarlos de los medicamentos que puedan salvar vida, o construir y rehabilitar escuelas. La respuesta es evidente ¿No cree usted?
No hay comentarios :
Publicar un comentario