Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Ximena Puente de la Mora destacó que, el dar a conocer la información sobre los programas gubernamentales, visibiliza aquellos sectores de la población que requieren una atención prioritaria por los problemas que enfrentan y las estrategias para su solución.
“La difusión y consulta de este tipo de información es fundamental para que la población tenga la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones y en las políticas públicas desarrolladas”, afirmó.
Puente de la Mora indicó que el PACMA es una estrategia que busca concretar acciones de mutuo beneficio con las comunidades consideradas como petroleras, y opera con el 2 por ciento del valor de los contratos que suscriben PEMEX, proveedores y contratistas.
“En 2014, PEMEX inició la operación de este programa, el cual, durante su primer año, ejecutó 14 programas, obras y acciones con una inversión de 80 millones de pesos, canalizados a infraestructura, equipamiento de escuelas y centros de salud, así como proyectos de desarrollo económico, social y de protección al medio ambiente”, expuso.
Una particular solicitó, respecto del PACMA, los programas, obras y acciones que han sido asignadas de enero de 2016 a mayo de 2017, así como la población beneficiada y la medición de impacto de la población efectivamente beneficiada.
En respuesta, el sujeto obligado proporcionó una relación de las cédulas asignadas en el periodo de los años 2016 y 2017, la cual contiene el número, año de asignación, nombre especifico del Programa, Obras y Acciones (PROA), población beneficiada y medición de impacto.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que no se le entregó información de la población beneficiada, y en la medición de impacto, se repite, sin metodología ni explicación, el mismo dato.
En alegatos, Pemex manifestó que la población beneficiada está fundamentada en las actas de entrega-recepción de cada una de las obras, programas o acciones, en las cuales consta el número de beneficiarios, por lo que no son números al azar.
Asimismo, explicó que actualmente no hay un registro de población realmente beneficiada, toda vez que las cédulas de los años 2016 y 2017 se encuentran en ejecución.
Respecto a la medición de impacto, precisó que la metodología utilizada para ésta se realiza con base en diagnósticos municipales, en revisión con la herramienta operativa-líneas basales del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para indicadores de impacto, y la cobertura con la información recabada de los temas abordados, con la finalidad de medir el impacto cuantitativo y cualitativo en las comunidades por nivel de objetivo, propósito o gran objetivo, y los 5 componentes u objetivos específicos.
En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Puente de la Mora, expuso que, al revisar el documento entregado, se observa que el rubro “población beneficiada” se otorga un dato numérico, así como el registro “S/R”. Sin embargo, de acuerdo con la información pública localizada y la cédula de identificación, se advierte siempre contendrán, como parte de sus registros, el número de las personas beneficiadas, dato requerido por el particular.
En este sentido, se agregó, el sujeto obligado cuenta con dicho dato, por tanto, no atendió a cabalidad el requerimiento de información.
En cuanto a la medición de impacto de la población efectivamente beneficiada, la ponencia indicó que el sujeto obligado, como lo manifestó, no cuenta con ese registro, toda vez que las cédulas de los años 2016 y 2017 se encuentran en ejecución, por tanto, no se puede realizar la referida medición.
Sin embargo, el Comité de Transparencia de PEMEX no expidió la resolución de inexistencia correspondiente, señaló la ponente.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada Ximena Puente de la Mora, el Pleno del INAI modificó la respuesta de PEMEX y le instruyó a realizar una nueva búsqueda de la información en la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, y entregue a la particular la población beneficiada de todas las cédulas de identificación de 2016 y 2017.
De igual forma, deberá emitir, a través de su Comité de Transparencia, una resolución en la cual confirme la inexistencia de la medición de impacto de la población efectivamente beneficiada con los programas, obras y acciones del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), de enero de 2016 a mayo de 2017.
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