El próximo lunes 11 de enero, el presidente
López Obrador realizará una reunión de gabinete para preparar una 'reforma
administrativa', que conduzca a la eliminación de algunos órganos autónomos y a
la absorción de sus funciones por las secretarías.
La intención es presentar un paquete de
cambios en el periodo ordinario del Congreso que comienza en febrero.
¿Podrá operar realmente dicha reforma?
Para responder a esta pregunta, hay que
distinguir entre dos tipos de autonomía. Hay algunos órganos cuya autonomía
deriva de la Constitución. Otros, de las leyes secundarias.
En el caso de los primeros, para
desaparecerlos o integrarlos a las dependencias, sería necesario realizar una
reforma constitucional.
Los otros organismos tienen autonomía
técnica que deriva de normas legales, pero no constitucionales. En ese caso,
bastaría con cambios en las leyes para integrar los organismos en el aparato de
gobierno.
Los órganos autónomos se crearon como
instrumentos para equilibrar el poder del gobierno, directamente, o mediante el
control de sus empresas, como los virtuales monopolios de la energía.
Al presidente López Obrador por eso no le
gustan. Siente que no son parte de su gobierno y que se mueven con criterios
propios.
Hasta ahora, la estrategia no había sido
desaparecerlos sino ponerlos a raya a través de la sustitución de los
integrantes de sus estructuras de gobierno.
Ese fue el caso de algunos organismos del
sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH) o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Ninguno de ellos es un órgano constitucionalmente autónomo. Y se ajustaron
para que no estorbaran al cumplimiento de los objetivos de la política
energética.
Ayer, el presidente se refirió a otro
organismo regulador que no le gusta: el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT).
La diferencia respecto a otros es que su
autonomía es constitucional. Cambiarlo implicaría hacer una reforma para
la que no le alcanzan los votos en el Senado, en el caso de que el llamado
'bloque de contención' (integrado por PRI, PAN, PRD y MC) rechace la propuesta.
Es el caso también del INAI, que fue
objeto de sus críticas. Su creación es constitucional, así que, sin el aval de
los opositores, no podría cambiar.
La Cofece no ha estado en el blanco
más frecuente de las críticas públicas de AMLO, pero no le gusta tampoco… y
también es un órgano con autonomía constitucional.
Otro más es la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, en cuyo caso la estrategia fue más bien poner a una
titular incondicional del gobierno a través de un proceso muy desaseado.
Otro órgano constitucionalmente autónomo
que hasta ahora se ha salvado de las críticas públicas, pero que, no lo dude,
se buscará desaparecer, es el Coneval, pues sus mediciones de la pobreza
van a ser muy 'inconvenientes' para el gobierno.
Obviamente hay tres que no se van a tocar
en términos legales. Se trata del Banco de México, del Inegi y del INE.
Sin embargo, no descarte que estén en foco de las críticas de las 'mañaneras'
si ejercen su autonomía como lo han hecho hasta ahora en tiempos de más encono.
El periodo que viene será muy relevante
para el actual gobierno. Si logra instrumentar algunas modificaciones
constitucionales y rehacer el aparato estatal, el gobierno percibirá que está
creando las condiciones para que el proyecto de la 4T vaya mucho más allá
de esta administración.
Si no lo logra, va a usar los recursos que
tiene el Estado para asegurar que el resultado de este proceso electoral y
sobre todo el de 2024, le sean favorables.
Lo que me sigue impresionando es la
inhabilidad de los partidos opositores para crear opciones que puedan ser
realmente ganadoras.
Si las cosas siguieran así, le van a hacer
la mitad del trabajo a Morena y a AMLO.
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