El grupo parlamentario de Morena propuso tipificar el delito de robo entre cónyuges, ascendientes y descendientes para que se persigan por querella y se sancionen, pues es una conducta que cada vez tiene mayor incidencia.
El diputado Gerardo Ulloa advirtió que ese delito ha causado abusos, impunidad, e impotencia, pero sobre todo desintegración familiar; sin embargo no es castigado porque existe una "excusa absolutoria" en el Código Penal del Estado de México cuando hay parentesco, por lo cual planteó derogar esa porción del artículo 293.
"En la actualidad el Código Penal para el Estado de México establece una excusa absolutoria para el caso del delito de robo; en la fracción III del artículo 293 se establece la excusa absolutoria en razón del parentesco de las personas, es decir, aunque se cometa el delito no hay pretensión punitiva que perseguir". El legislador señaló que las víctimas del delito de robo entre parientes corren riesgos, pues pueden ser privadas de los recursos económicos necesarios para la manutención del hogar y la familia, o de los bienes patrimoniales esenciales para satisfacer las necesidades básicas para vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud. La iniciativa pretende adicionar la fracción V al artículo 295 y derogar la fracción III del artículo 293 del Código Penal del Estado de México, ante la alta incidencia de ese ilícito que en estos momentos no se castiga.
"Consideramos que el delito de robo entre parientes por consanguinidad, afinidad, civil, entre cónyuges incluso entre concubinos, es un delito con una alta incidencia en nuestro Estado, que ha causado abusos e impunidad, impotencia, pero sobre todo desintegración de la célula de la sociedad que significa la familia".
El diputado local de Morena agregó que la propuesta de reforma está soportada en el criterio de que la familia debe protegerse tanto de los factores externos, como de sus propios integrantes, y ni el matrimonio, ni el concubinato, ni tampoco el vínculo sanguíneo deben ser motivo, ni escudo para delinquir.
"En ocasiones se piensa que estos actos pueden ser inofensivos, y que para su comisión pareciera que no se requiere del uso de cualquier tipo de violencia; sin embargo, son actos cotidianos que limitan a las mujeres, hombres e incluso a los adultos mayores para vivir seguros dentro de su propio hogar.
La protección de los miembros del núcleo familiar, preciso, no debe ser en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos", señaló y explicó que de acuerdo con la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, elaborada por el Centro Nacional de Información, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de octubre de 2018, recibieron 1.5 millones de llamadas, y de esas, un 52% estuvieron relacionadas con un bien jurídico donde se involucra el patrimonio y en el 12% se implicó a la familia.
El mismo informe precisa que la entidad ocupa el primer lugar en el número de llamadas de emergencia por incidentes de violencia contra la mujer y uno de los tipos de violencia que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, es justamente la patrimonial.
"En la actualidad los delitos patrimoniales presentan los más altos índices de incidencia, el robo puede no ser punible, atendiendo a la calidad de los sujetos que intervienen en el mismo, con lo que resulta evidente el retraso en las leyes penales existentes en algunas entidades federativas, siendo especialmente grave en nuestro Estado, en razón de que no se sancionan los delitos patrimoniales que ocurren al interior del núcleo familiar". El delito se seguiría por querella.
La diputada Liliana Gollas de Morena y José Antonio García del PAN propusieron, cada uno por su lado, colocar en el recinto legislativo una placa de honor y reconocimiento al personal de salud, seguridad y de servicios que durante la epidemia por Covid-19 han sido la primera línea de atención a la ciudadanía.
A propuesta de Karla Fiesco del PAN y de los diputados del PVEM, amplió las atribuciones de los ayuntamientos para dotarlos de herramientas jurídicas para crear, preservar, rescatar y restaurar las áreas verdes. También autorizaron la desincorporación de predios.
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