El presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que meterán “el acelerador” y que antes del 17 de octubre quedarán aprobadas en San Lázaro las leyes y reformas propuestas por el presidente López Obrador en materia de austeridad, evasión fiscal, salarios máximos y de ingresos.
Luego de una reunión con los coordinadores parlamentarios, Delgado informó que se acordó que hoy el pleno apruebe la nueva Ley de Austeridad Republicana, que contiene lineamientos para el “comportamiento austero de los servidores públicos”, establece que “se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos”.
Esta reforma incluye modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se definió que el jueves 10 votarán las nuevas reformas al artículo 127 constitucional, para “perfeccionar la redacción” del artículo 127 de la Constitución, a fin de que ningún funcionario público pueda ganar más que el Presidente de la República, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de Diputados, Mario Delgado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador gana hoy 156 mil 891 pesos de sueldo bruto al mes y 108 mil 656 mil pesos netos mensuales. Para el 2020 aumentará su salario a 162 mil 111 pesos brutos al mes y 111 mil 990 pesos netos mensuales.
Para el jueves 17, el Pleno debatirá y votará la Ley de Ingresos 2020 –aunque su fecha máxima es el 20– junto con la miscelánea fiscal para el próximo año, que contempla gravar con el IVA a las plataformas digitales extranjeras –Uber, Cabify, Didi, y las que ofrecen servicios de hospedaje como Airbnb– y “actualizar” el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros, cervezas, bebidas saborizadas y energizantes.
Las reformas a las leyes, que equiparan la defraudación fiscal con delincuencia organizada pueden constituir una violación a los derechos humanos durante el procedimiento penal, como consecuencia de las nuevas disposiciones a las legislaciones fiscal y penal, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez.
El análisis al respecto está en el documento “Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa”, uno de los retos es atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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