Ciudad de México. Rosario Robles Berlanga obtuvo una suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión en su contra. La medida cautelar fue otorgada por el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, y sólo protege a la ex funcionaria si el delito por el que se libró la orden de aprehensión, no implica prisión preventiva oficiosa.
El juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón concedió la protección de la justicia federal a Robles Berlanga para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras, y le fijó el pago de una garantía por 69 mil 500 pesos.
El martes, el abogado Julio Hernández Barros anunció que buscaría la protección de la justicia federal para impedir la aprehensión de su defendida, tener acceso completo a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Robles Berlanga y diferir la audiencia de imputación.
Millonarios recursos sin comprobar
La FGR investiga a la ex funcionaria por ejercicio indebido del servicio público a causa de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en cuentas públicas de la etapa que Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En la de 2013 la ASF detectó que no se reportó el destino de 845 millones de pesos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que se sospechaba de probables daños y perjuicios al erario, además de contratos firmados con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuyo carácter y resultados nunca se explicaron, por 239.3 millones de pesos.
Por estas irregularidades ya han comparecido ante la justicia federal mandos medios de la Sedesol, como el ex coordinador de la Unidad de Delegaciones Pedro de León Mojarro, quien en abril pasado declaró a La Jornada que quien manejaba los recursos de este tipo de convenios, causando un daño al erario de 124 millones de pesos, era el oficial mayor, Emilio Zebadúa.
Se trata de un colaborador cercano de Robles Berlanga contra quien la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito en noviembre de 2018. La querella estuvo detenida por errores procesales que ya fueron subsanados, por lo cual Emilio Zebadúa podrá ser citado con el fin de que comparezca ante el Ministerio Público Federal.
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