El 23 de mayo de 2013, los integrantes de esa organización magisterial disidente Sara Altamirano Ramos, Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa y Damián Gallardo, fueron ingresados a penales de máxima seguridad tras ser acusados de participar en el secuestro de dos sobrinos del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, el 14 de enero de ese año en Oaxaca.
El entonces subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, anunció en aquella ocasión que a los inculpados también se les encontraron elementos para acusarlos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Aparte, Óscar Hernández Neri, uno de los dirigentes de la Coordinadora Magisterial Estatal Mexiquense, fue detenido el 30 de abril de 2014 en la carretera México-Texcoco, a la altura de San Vicente Chicoloapan, por agentes ministeriales del Estado de México, acusado de homicidio.
El maestro se desempeñaba como director de la Preparatoria 55, en Chicoloapan, Estado de México, a pesar de saber que había una orden de aprehensión en su contra girada desde 2012, por el supuesto asesinato de una profesora.
Apenas el 30 de octubre, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, expuso que el próximo 1 de diciembre, cuando López Obrador tome protesta como presidente constitucional, se anunciará la liberación de los primeros presos políticos, y que serán estos cinco maestros vinculados con la CNTE.
Antes, el 28 de agosto, en el marco del inicio de los Foros de Consulta para la Educación, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Presidente electo instruyó a Esteban Moctezuma, futuro titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a poner en marcha un procedimiento para liberar a los maestros de la Coordinadora.
“Seremos respetuosos de todos los poderes, pero sobre todo del Poder Judicial. En este caso, el Poder Ejecutivo mostrará su voluntad para que se liberen a los presos políticos que injustamente están encarcelados, para conseguir la reconciliación nacional, la paz y la tranquilidad que todos necesitamos”, apuntó el Presidente electo en aquella ocasión.
De acuerdo con distintas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), hasta mediados de 2018 existían en México 395 presos políticos en distintas cárceles federales y estatales del país.
Los profesores Leonel Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Damián Gallardo, cumplen su condena en el penal de Puente Grande, Jalisco, mientras la maestra Sara Altamirano Ramos, en el Centro Federal de Readaptación Social 4 El Rincón, en Tepic, Nayarit.
En tanto, el profesor Óscar Hernández Neri se encuentra en prisión en el Centro de Prevención y Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México.
Respecto a los tres maestros y la maestra oaxaqueños en prisión, Sandino Rivero, abogado de los docentes detenidos, ha asegurado que “fue un montaje” las acusaciones por secuestro de dos menores y crimen organizado.
“Se ha comprobado que los profesores fueron detenidos de manera arbitraria, incomunicados por 19 horas tras su aprehensión, torturados para autoinculparse, presentados como culpables ante los medios y trasladados al penal de máxima seguridad de Jalisco, vulnerando con ello sus garantías fundamentales”, acusó.
López Obrador detalló, el pasado 11 de octubre, que el 1 de diciembre emitirá un decreto para liberar a los presos políticos, y puntualizó que para ello ha instruido a Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, para que sea ella quien elabore el acuerdo, en el que también se fijarán las condiciones para dar amnistía a los presos políticos a partir del análisis de cada caso.
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