CIUDAD DE MÉXICO.- Sería un paso en la dirección equivocada ir a una reforma para contrarrestar las supuestas debilidades del Sistema de Justicia Penal, aseveró el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para la defensa de los Derechos Humanos (ONU-DH).
Además también se pronunció en contra de ampliar la lista de delitos que suponen prisión preventiva oficiosa.
Y es que a nivel mundial, explicó, hemos aprendido que no funciona pues hay una tendencia a utilizar la prisión preventiva como castigo y existe el riesgo de prefabricar delitos y potenciar la corrupción.
Al participar en el Foro La Justicia que México necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el representante de Naciones Unidas señaló que “es preocupante que algunos políticos critiquen no solo al nuevo Sistema Penal sino también a los jueces por haber liberado a los delincuentes, como dicen”.
Asimismo calificó de irresponsable, culpar al sistema de causar un aumento de los niveles de violencia que se registran en el país, sí es que este aumento es real.
Al manifestar su postura en contra de ampliar el catálogo de delitos que suponen prisión preventiva dijo que ello “supone dos cosas, ambas bastante problemáticas.
“Primero, la tendencia de restringir el margen de decisión independiente, individualizada del Poder Judicial. A nivel mundial ya hemos aprendido que eso no funciona, que produce resultados contraproducentes”
Y, segundo, la tendencia de utilizar prisión preventiva como castigo. En ese contexto, ya la existencia actual de una lista de delitos que suponen prisión preventiva oficiosa nos parece problemática”.
Desde nuestra perspectiva, resaltó, no debería existir una lista y si ya existe “debería ser disminuida y no añadir otros delitos”.
Aunado a ello, “también hay un riesgo de delitos fabricados y se sabe que es posible tener una acusación de un delito particular, que eso ya garantiza que la persona va a pasar tiempo en prisión preventiva. Es algo que podría potenciar la fabricación de delitos, podría potenciar la corrupción”, apuntó.
Respecto a las críticas a los jueces por haber liberado a delincuentes, abundó que “es posible que en un caso u otro se equivoquen, pero en la mayoría de los casos, probablemente no es el funcionamiento de los jueces, sino el mal funcionamiento de los investigadores, que tienen muchas deficiencias en términos de capacidades técnicas, pero también que no pueden contar siempre con la cooperación espontánea de los ciudadanos, por la razón de falta de confianza.
En su oportunidad, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, afirmó que “el Poder Judicial de la Federación ha cumplido cabalmente con la parte que le toca y ha asumido sus obligaciones en el marco del nuevo sistema”, pero aclaró que no ni es su tarea ni responsabilidad, mejorar las condiciones de seguridad del país.
Resaltó que “el sistema Acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales".
A su vez el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera y el presidente del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa, coincidieron en que el nuevo sistema de Justicia Penal no es responsable del aumento de la inseguridad en el país ni de la liberación de delincuentes.
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