Con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en julio del 2016, se estableció el plazo de un año para que se crearan y adecuaran las legislaciones estatales que darían vida a los sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, han pasado más de tres años y los estados no terminan de aprobar por completo las legislaciones o las instancias necesarias para dar paso al funcionamiento pleno de sus sistemas anticorrupción.
Entre los 32 estados, Nuevo León es la única entidad que ha terminado de aprobar las ocho leyes que se necesitan para la creación de su sistema local; sigue pendiente su Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
De acuerdo con lo estipulado en el segundo artículo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los congresos de las 32 entidades del país tienen la obligación de crear o reformar sus leyes para ajustarlas a la Constitución y a la ley general, con el fin de contar con criterios homogéneos en el combate a la corrupción.
Estas modificaciones van desde una reforma constitucional, una Ley Estatal Anticorrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Fiscalía general, ley orgánica del tribunal de justicia administrativa, ley de responsabilidades administrativas y adecuaciones al código penal en la materia.
Mientras que estados como Baja California Sur, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, San Luís Potosí, Aguascalientes y Puebla tienen al menos un nombramiento pendiente para echar a andar las instancias locales de combate a la corrupción.
A inicios de año, el estado de Chiapas era el que más retraso presentaba en nombramientos, al no contar con un Comité de Participación Ciudadana, también le faltaban por nombrar a los magistrados en responsabilidades administrativas, a su comité Coordinador y al titular de la Secretaría Ejecutiva.
Las irregularidades
En el caso de la Ciudad de México, lo único que faltaba era el nombramiento del fiscal especializado; sin embargo, a raíz de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó por completo el Sistema Local Anticorrupción por negligencias en los procesos legislativos, queda en el aire lo que podría pasar con aquellos nombramientos ya realizados.
Tras la resolución de la SCJN, el gobierno de la capital informó que, a través de la Consejería Jurídica, se analiza el alcance de la resolución del máximo tribunal del país respecto de los nombramientos y modificaciones que hizo el actual congreso local, con el fin de preservarlos.
Sin embargo, no es la primera vez que se evidencian irregularidades durante los procesos legislativos de los congresos para crear las leyes anticorrupción locales.
El 14 de enero pasado, la SCJN invalidó diversas disposiciones en la integración del Comité de Participación Ciudadana del sistema local de Baja California, debido a que la conformación de este comité era anticonstitucional al estar compuesto por 15 personas.
La legislación aprobada a nivel federal plantea que el Comité de Participación Ciudadana debe estar constituido por cinco personas que recibirán un pago bajo el esquema de honorarios durante su encargo. En Baja California decidieron que su comité estaría conformado por 10 integrantes técnicos que recibirían honorarios y otros cinco honoríficos sin ningún sueldo y con la prohibición de ocupar, durante el tiempo de su gestión, cualquier otro empleo, lo que resultó ser violatorio a su derecho a la igualdad y una vida digna.
La resolución obligará al Congreso local a modificar la ley para que sólo haya cinco integrantes ciudadanos.
Por lo anterior, los rezagados en conformar es su totalidad un Comité de Participación Ciudadana serían Chiapas y Baja California. Mientras que en la mayoría de los estados del país, integrantes de dicho Comité están por finalizar el encargo o simplemente han sufrido renuncias de sus integrantes.
Tal es el caso de Aguascalientes, en donde el próximo presidente del Comité Ciudadano renunció por intereses personales, ya que argumentó que el puesto no le permitía desarrollar su crecimiento profesional.
Cabe señalar que organizaciones como Fundar han advertido que muchos de los ciudadanos que integran los comités de participación en el país desconocen el alcance del puesto que tienen dentro del sistema anticorrupción.
Asimismo, hasta el momento todas las entidades del país ya tienen integradas su comisión de selección.
Los nombramientos y el presupuesto
Por otro lado, 30 de los 32 estados ya nombraron a su fiscal especializado en el combate a la corrupción; sólo falta la Ciudad de México y Baja California Sur.
En el caso de los magistrados anticorrupción, 31 entidades ya cuentan con este nombramiento, mismo número de entidades que ya tienen un Comité Coordinador.
Mientras que Chiapas, Morelos y San Luis Potosí aún no nombran al titular de la Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva de cada sistema es un órgano descentralizado, con personalidad jurídica propia, que tiene como objetivo fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, y proveer la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, resultando clave en la operacionalidad de los sistemas.
Para este 2020, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción contará con presupuesto de 135 millones 840,137 pesos, 2.7% más a lo establecido en el 2019, cuando se le dieron 132 millones 188,933 pesos.
ONGs han señalado que, pese a que en gran parte de los estados los sistemas anticorrupción ya están en marcha, sufren de financiamiento para funcionar.
Incluso el Comité Ciudadano nacional interpuso un juicio de amparo contra varios congresos estatales por no asignar recursos a los sistemas.
El INE aclaró que al estar en posesión de datos biométricos de millones de personas, la ley los obliga a proteger sus datos personales.
En el marco del análisis de la expedición de una cédula de identidad y la polémica que generó la posible entrega de datos a Gobernación, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, expresó que los datos biométricos “no se entregan a nadie”, a ningún partido, institución financiera o dependencia.
Expuso que el artículo cuarto de la Ley General de Población, que data de 1992, establece que para la creación de un sistema de identidad ciudadana el otrora IFE “tendría que entregar la base de datos ciudadana”.
Pero consideró que el país ha cambiado y tras la ley de transparencia, los ciudadanos deciden si quieren que se comparta su información o no.
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