Al afirmar que legalmente no existe un impedimento para echar abajo el “tarifazo”, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, Enrique Lazaga Yamín, consideró que la Secretaría de Movilidad debe reconsiderar que autorizó un incremento excesivo a la tarifa mínima del transporte público, la cual es de las más caras del país.
“Tenemos que entender que es una autorización y no una ley. No es ni siquiera un decreto, entonces en cualquier momento, sociedad, autoridades y transportistas, nos podemos poner de acuerdo para negociar el tema de la mejor manera posible y que no sea lasciva para la sociedad”.
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En entrevista el abogado informó que el descontento social por dicha decisión no se hizo esperar, pues cada incremento es acompañado con la falsa promesa de que el transporte va a mejorar sin tener resultados contundentes hasta el momento.
“Nosotros entendemos que subió el combustible y los gastos operativos, el gasto de las refacciones; lo que no entendemos es que son alzas desproporcionadas. Nosotros comentamos y sugerimos que se hiciera un pacto sociedad-transportistas en el sentido de que sea un incremento acorde a la inflación”, expresó el abogado.
Lazaga Yamín asegura posible echar abajo el “tarifazo” por la vía legal; pero se requeriría el trabajo coordinado entre la sociedad civil organizada y los transportistas, a fin de establecer, con bases, las mejoras urgentes del transporte público, así como un balance de los gastos promedios en combustible, mantenimiento y otros.
De acuerdo con un comparativo realizado por la Organización Editorial Mexicana (OEM), la tarifa del transporte público de la entidad mexiquense se encuentra entre las más caras del país. Según estimaciones hechas en las ciudades con transporte público caro son Torreón, Tijuana y Durango, de 13, 12.50 y 10 pesos, respectivamente.
El presidente del Colegio de Abogados de la entidad también expuso la necesidad de que el gremio transportista cumpla con sus compromisos adquiridos cada que se autoriza un incremento a la tarifa mínima, tal como ocurrió en 2017.
En ese año, la Secretaría de Movilidad del Estado de México autorizó un incremento de 2 pesos a la tarifa mínima, que pasó de 8 a 10 pesos, con la premisa de que los transportistas debían cumplir con la instalación de cámaras de videovigilancia, GPS, botones de pánico y la renovación de su parque vehicular, entre otros, lineamientos establecidos y publicados en la Gaceta del 20 de Marzo del siguiente año.
“Ellos adquieron un compromiso y se requiere que la autoridad los obligue a cumplir con su parte, si los tiempos actuales exigen un nuevo incremento, deberá depender del análisis que la sociedad y transportistas hagan, pero antes de ello que se verifique que los transportistas cumplieron con su responsabilidad tras el incremento anterior”, sostuvo Enrique Lazaga.
Finalmente el abogado exhortó al secretario de movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, a analizar un pacto entre transportistas y ciudadanía que permita una conciliación.
“Se requiere que las dos partes salgan beneficiadas, que los transportistas puedan mejorar el servicio pero que también puedan cubrir sus necesidades, que puedan pagar sus gastos operativos y que la sociedad no salga tan lastimada con el incremento que se realice”.
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