El indígena tzotzil Juan de la Cruz Ruiz, preso desde hace más de 12 años acusado del delito de homicidio, interpuso un amparo para solicitar la protección de la justicia federal ya que desde febrero de 2016 existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida expedida por la Mesa de Reconciliación, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“Juan de la Cruz Ruiz es sobreviviente de tortura, víctima de violaciones al debido proceso legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad”, agregó el organismo en un comunicado, leído en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez por su director, Pedro Faro Navarro.
Explicó que la solicitud de amparo indirecto fue entregada esta mañana en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en la capital, por abogados del Frayba.
“En el mencionado documento se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, Juan de la Cruz permanece en injusta prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas”, agregó.
Señaló que la recomendación “fue enviada para su trámite específico ante la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, que desde el 12 de febrero de 2016 recibió y debió expedir la boleta de libertad”.
Manifestó que “han pasado tres años y casi 10 meses desde que la omisión de autoridades del gobierno de Chiapas incrementó la discriminación y falta de justicia a Juan y su familia. En total son 12 años, nueve meses y cuatro días en prisión pagando un delito que no cometió. El Frayba ha documentado que el 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad y fue torturado por policías ministeriales, desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal”.
Expresó que “la historia de Juan, originario del municipio de Chamula, es un ejemplo de discriminación a población integrante de pueblos originarios, por lo que desde la prisión se organiza con otros presos y desde el 15 de marzo de 2019 iniciaron una huelga de hambre para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas”.
Afirmó que “la familia de Juan y quienes lo acompañamos en la defensa de sus derechos humanos enfrentamos hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación a pesar de mantener el diálogo con el gobierno” estatal, que “ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado”.
El Frayba urgió “al máximo Tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido” para que Juan sea liberado de inmediato.
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