La austeridad en el gasto público tendría que aplicarse a los partidos políticos tal como lo ha propuesto las fracciones parlamentarias de Morena en el Congreso de la Unión y en algunos locales así como el propio gobierno federal, señaló el especialista de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Eduardo Rodríguez Manzanares.
Lo anterior, debido a que en años no electorales no debería destinarse tantos recursos públicos para financiamiento de los organismos políticos.
Este año el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó casi cinco mil millones de pesos para los institutos políticos, aun cuando desde el 2018 con el ingreso del Gobierno de México propuso disminución en ese ámbito.
El politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Social de la máxima casa de estudios mexiquense, agregó que los institutos políticos se han visto renuentes a transparentar los recursos públicos.
“El recorte al presupuesto de los partidos políticos debería ser, siempre y cuando esto no venga a agudizar el ingreso de recursos de dudosa procedencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
Recordó que el marco jurídico en materia fiscal debe ser más claro para no dar paso a imprecisiones a los estados financieros de esos organismos.
“Deben tener claro, deben informar, transparentar, pues están obligados ello a raíz de la Reforma electoral de 2014 y no vemos esos ejercicios claros”.
Mencionó que esa situación se ha debatido en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en donde se ha solicitado la transparencia y la rendición de cuentas.
Consideró que la creación este sexenio de la Unidad de Inteligencia Financiera vendrá a ayudar a blindar acciones en el uso de recursos de procedencia ilícita o del crimen organizado en partidos políticos o campañas electorales, lo cual se puede replicar en los organismos electorales locales.
Aunque aclaró es necesario otorgará los recursos suficientes para que opere ese Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin no esté limitada.
“En el caso de los partidos políticos tanto el INE como los organismos públicos locales (OPLES) tengan esas atribuciones muy puntuales para fiscalización de los recursos porque los partidos políticos a toro pasado entregan su fiscalización de gasto o informes”.
Reitero es importante se haga valer el peso de las autoridades electorales y de los organismos autónomos.
Es de mencionar que en la legislación electoral plantea un 30% de los recursos públicos a actividades ordinarias y un 70% se otorga según la votación alcanzada en el el ejercicio anterior de diputados mayoría.
En el plano local, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó en el 2019, asignar poco más de 663 millones 779 mil pesos en prerrogativas a partido políticos.
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