El contingente partió ayer al mediodía del cruce de las avenidas Chimalhuacán y Sor Juana. Primero avanzó por la avenida Sor Juana hasta la Cuarta Avenida y después hacia López Mateos. Al frente de la movilización estuvieron Irinea Buendía, madre de Mariana, víctima de feminicidio en 2010, y mujeres de diversos colectivos, entre ellos los llamados Marabunta y Violeta; además marcharon el sacerdote y activista Juan José Castorena, así como miembros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Al grito de “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!” y portando pancartas en las que escribieron “Alto al feminicidio”, “¿Dónde están las que no están?” y “Fin al patriarcado y a la guerra contra las mujeres”, las manifestantes demandaron fin a la violencia en contra del sector femenino de la población.
Buendía consideró que México padece una emergencia nacional de asesinatos de mujeres. “Estamos en una situación muy grave y eso nos obliga a tomar las calles y manifestarnos, porque de otra manera no nos hacen caso”. Afirmó que la alerta por violencia de género decretada en el estado de México hace cuatro años sí sirve y es la base para prevenir este tipo de delitos, pero las autoridades no aplican los mecanismos para atender feminicidios.
“Mientras las autoridades no tengan realmente voluntad política para crear políticas públicas, prevenir y atender, menos van a sancionar”, reprochó.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, aseguró que aun con las acciones para detener la violencia contra las mujeres, ésta se ha agravado.
“Hace cuatro años se asesinaba a siete mujeres diarias, ahora hablamos de 11 al día y sólo 10 por ciento se denuncian. La magnitud es muy grave y las medidas quedan cortas para combatir este problema. Los gobiernos necesitan incorporar a expertos y la sociedad civil unir esfuerzos; de lo contrario, este problema no va a disminuir”.
Indicó que la situación se debe, entre otros factores, a ausencia de coordinación y corresponsabilidad de las instancias involucradas; a que el fenómeno se aborda como algo aislado; a que las recomendaciones de seguridad, prevención y justicia se volvieron “un catálogo de acciones limitadas”, y a que las autoridades rehúsan atender la crisis de manera adecuada.
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