Por: Mario Maldonado
La decisión está tomada. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eligió al
exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como el siguiente ‘pez
gordo’ de la administración de Enrique Peña Nieto que deberá pisar la cárcel.
Es cuestión de días para que el expediente que se armó en la Unidad de Inteligencia Financiera,
que encabeza Santiago Nieto, y que circuló ya por varias dependencias del gabinete de
seguridad, se consigne ante el Poder Judicial, a la espera de una orden de aprehensión.
El golpe al exfuncionario se prepara de manera quirúrgica, pues se tiene claro que el escenario
político que dejaron casos como el de Culiacán, el Emilio Lozoya y el del exministro Eduardo
Medina Mora no dejan margen al equipo de la Cuarta Transformación para una nueva falla.
De ahí que el expediente que procesará la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz
Manero, hizo escala en el escritorio de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación;
esto con el objetivo de blindar el caso desde el punto de vista jurídico.
Incluso, la gura de la ministra en retiro, vapuleada hace unos meses por funcionarios del
gabinete que anhelan su cartera, se ha reposicionado en las últimas semanas dentro del círculo
presidencial, resultado de las pifias cometidas por sus compañeros en cuanto a los
procedimientos acusatorios.
En esta ocasión, según la carpeta que cruzó por las oficinas de Bucareli, las indagatorias se
perciben sólidas, con información que reporta operaciones irregulares para beneficiar a
empresas constructoras y desviar recursos públicos, además de transferencias financieras que
perlan un posible enriquecimiento ilícito.
Se presume entre las comunicaciones que han compartido las secretarías de Estado que el
daño al erario que se documenta en la SCT de Peña Nieto podría ascender a los 2 mil millones
de pesos. Los recursos se habrían obtenido través de la firma de contratos con sobreprecio
para la construcción de obras de infraestructura que, en algunos casos, quedaron inconclusas.
En la Secretaría de Gobernación también se reporta que en el expediente a consignar el nombre
de Ruiz Esparza viene acompañado por el de quien fuera su oficial mayor, Rodrigo Ramírez
Reyes, y por su primer subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings, ambos con
similares posibilidades de ser llevados ante la justicia.
Ramírez Reyes es el hombre de confianza del exsecretario, quien lo acompañó en el total de su
gestión y en la entrega de contratos que están bajo investigación a compañías como las
españolas OHL, transformada hoy en Aleatica y Aldesa.
En lo que respecta al subsecretario Murrieta Cummings, se trata de uno de los principales
operadores políticos y de negocios del extitular de Hacienda y Canciller, Luis Videgaray, de
acuerdo con versiones conformadas desde la Secretaría de Finanzas del Estado de México.
En este espacio le hemos platicado de la red de funcionarios que el llamado ‘hombre fuerte’ de
Peña Nieto incrustó en la mayoría de las dependencias para mantener el control del gobierno
que ostentaba su amigo. También le relatamos que el subsecretario de Infraestructura era la
gura más visible en esa modalidad de gabinete espejo.
Por ello, en la cruzada que está por iniciar el gobierno de AMLO contra Gerardo Ruiz Esparza y
sus colaboradores en Comunicaciones y Transportes, aún prevalece una duda que deberá
resolverse: ¿el objetivo de estos esfuerzos es simplemente fortalecer el discurso de la lucha
contra la corrupción con la caída de una gura visible o, finalmente, se pavimenta el camino
hacia las que se consideran verdaderas cabezas de la administración anterior?
Posdata
En el ocaso del sexenio pasado, durante una reunión encabezada por el exlíder del PRI y
extitular de la Comisión Federal de Competencia, Enrique Ochoa, se preguntó a los funcionarios
del gabinete y a los cercanos a Enrique Peña Nieto qué estrategia jurídica seguirían para
defenderse ante eventuales acusaciones de desvíos o por temas de corrupción. Uno a uno fue
respondiendo hasta que llegaron a la cartera de Comunicaciones y Transportes. Aquella
ocasión, Gerardo Ruíz Esparza no había asistido, pero en su representación iba su hijo, a quien
le apodan Gerry. “Ustedes la tienen difícil, tu papá sí se pasó”, le soltó Ochoa... y Gerry se soltó a
carcajear, como todos los presentes.
conocer las irregularidades cometidas por el equipo de Alberto Ortiz Bolaños en el proceso de
creación del Fondo de Protección de Pagos, pues en la última sesión ordinaria dieron manotazo
sobre la mesa con el n de cuestionar los métodos del director, así como el estado de
indefensión en que se dejaba a los trabajadores.
El riesgo de discrecionalidad también es alto, debido a que no se especifica qué autoridad
auditará los recursos ni cuál será el manejo de los mismos; por ello se espera que miembros del
Consejo, como Luisa María Alcalde y Arturo Herrera, impulsen la presentación de un nuevo
punto de acuerdo para corregir tanto los errores procesales como los Lineamientos y Reglas de
Operación. ¿Cuándo le pondrán fecha?
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador da la lucha frontal a la corrupción en la
compra de medicamentos, Juan Manuel Gochicoa, encargado de la jefatura de Servicios
Administrativos de la delegación del IMSS Tamaulipas, muestra que las viejas prácticas
prevalecen. Nos referimos a un audio en el que presuntamente se exhibe la llamada telefónica
de Gochicoa a un directivo de la empresa Medigesa, el cual seguro será motivo de una
investigación por parte del director del IMSS, Zoé Robledo, y de la secretaria de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Gochicoca le comenta al directivo que va a descalificar a su empresa del concurso, pero
después se lo va a recompensar y añade que tiene un compromiso con otro proveedor. Se
preguntará qué otra empresa tiene preferencia y en la delegación Tamaulipas intuyen que se
trata de la adjudicación directa AA-050GYR018-E463-2019 que ganaría Femaplus pese a un
sobreprecio. Ante el acuse de actos de corrupción se sesgó el contrato de casi 3 millones de
pesos para la adquisición de Losartán, un medicamento para la presión arterial. Las
indagatorias federales, nos dicen, podrían empezar por el mismo delegado, Fernando López
Gómez.
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