México es el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –sólo detrás de Nueva Zelanda y Chile– donde los impuestos sobre el trabajo son de los más bajos. No obstante, de 2000 a la fecha esta es la nación que más ha acelerado la cuña fiscal sobre el empleo, según estadísticas del organismo.
En el escenario de modificaciones fiscales para reforzar el combate a la subcontratación abusiva en el país y una industria que destaca los altos costos laborales para no formalizar a los trabajadores, los datos del organismo exhiben que en México el impuesto sobre la renta al salario y las cotizaciones sociales representan 19.65 por ciento del costo laboral que se transfiere de empleadores a trabajadores, mientras el promedio en la OCDE es de 36.06.
La cuña fiscal es el número de retenciones o cuotas que “se cobran a las personas por trabajar. Es decir, el porcentaje sobre el salario que se retiene por impuesto sobre la renta y por aportaciones al seguro social expresado en el costo laboral para el empleador. En Bélgica y Alemania esas contribuciones alcanzan la mitad del salario de los trabajadores.
En el listado de la OCDE, en el cual se da seguimiento a 36 economías, en 24 –prácticamente en dos de cada tres– se ha reducido la carga fiscal al trabajo en los pasados 18 años. Ello, a grado tal que el promedio en la organización registra un decremento de 1.34 por ciento entre 2000 y 2018.
Las economías en que se ha acelerado el impuesto al trabajo son: Austria, Chile, República Checa, Grecia, Islandia, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Portugal y España. En ninguna a la velocidad –6.97 por ciento– que avanzó en México. Los incrementos más marcados se dieron en 2010 y 2011, así como en 2001 y 2002.
Así, uno de cada cinco pesos que se cobra a los trabajadores formales en México se va en cuotas. El argumento para no elevar esas tasas en una economía con baja recaudación es no sumar carga impositiva para no desincentivar la creación de empleos. Aun con ello, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía plantean que sólo cuatro de cada 10 trabajadores se consideran formales, es decir, están sujetos a ese impuesto al empleo.
Desde la iniciativa privada se ha expuesto que el peso de las cuotas obrero-patronales que se deben realizar al Instituto Mexicano del Seguro Social –para garantizar salud y pensión al trabajador– son altas en el país. En dicho contexto se incorporó la flexibilización de la subcontratación, aprobada en 2012.
En ese contexto, como parte de las medidas de reforzamiento fiscal, cifras que legisladores de Morena atribuyen al Sistema de Administración Tributaria, apuntan a que 6 mil empresas, con 7.6 millones de trabajadores, evaden impuestos a través del outsourcing o tercerización.
A manera de candado se propone la retención de impuesto al valor agregado para las empresas que contratan compañías de tercerización y así eliminar el requisito de deducción a través de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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