CIUDAD DE MÉXICO.
Los sexenios han sido suficientes para ser testigo de la destrucción de familias enteras por la falta de justicia en México. Noé Franco ha representado legalmente casos mediáticos desde el granadazo de Morelia; padres de la guardería ABC en donde murieron 49 niños en Sonora, todos entre cinco meses y cinco años de edad; las víctimas circunstanciales de Ayotzinapa, como el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo o los taxistas heridos en Iguala y padres del Colegio Rébsamen.
“La falta de justicia, de atención integral y de contención para las víctimas han llevado a las familias a desintegrarse, a divorcios, algunos se han refugiado en las drogas o en el alcohol, porque las autoridades se han olvidado por completo de protegerlos con atenciones médicas, sicológicas y tanatológicas”, aseguró a Excélsior Noé Franco.
Tan sólo de 2014 a la fecha, se han inscrito en el Registro Nacional de Víctimas 33 mil 780 personas.
En estos casos desde el granadazo de Morelia hasta el derrumbe del Colegio Rébsamen, las autoridades sólo han atendido de manera mediática a las víctimas, porque ninguna ha tenido la garantía de obtener justicia.
A once años del granadazo en Morelia, Michoacán (15 de septiembre 2008) siguen sin considerar como víctimas a los heridos.
Este año, se liberaron a los dos únicos responsables que habían pisado la cárcel por este atentado en Morelia. Es decir, ni una sola persona está presa por estos hechos.
“Te das cuenta de que te llevaste más de una década de litigio, pero no consigues darle el derecho a la verdad a las víctimas ni la reparación del daño, porque lo que casi siempre obtenemos es la absolución de los inculpados, porque la gran mayoría de detenidos logra probar que fueron arrestados bajo tortura o sometidos a tratos crueles e inhumanos”, aseguró Noé.
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) más de 64 mil personas en 338 cárceles de todo el país, 64% sufrió algún tipo de violencia física al ser arrestada. El 19% dijo haber recibido descargas eléctricas; 36% haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas, y 59% haber recibido puñetazos o patadas. Además, 28% aseguró haber sido amenazada con la posibilidad de hacer daño a sus familiares.
“Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de nueve mil investigaciones sobre torturas”, de acuerdo con el Informe Mundial 2019, sobre derechos humanos en el mundo, de Human Rights Watch.
Un taxista herido por un disparo recibido en la persecución en Iguala en contra de los normalistas de Ayotzinapa continúa esperando a que los médicos le retiren la placa metálica que tiene en su pie y las esquirlas incrustada de su pierna, que debían ser retiradas a los tres meses de sucedido el ataque, el 26 de septiembre de 2014.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o el propio Ministerio Público eran las dependencias obligadas de garantizar su integridad física, pero no lo hicieron. El taxista pudo haber perdido el pie, debido a estas omisiones”, dijo el abogado.
Mientras los padres de la guardería ABC se han enfrentado a consecuencias o daños patrimoniales.
Durante 10 años, desde que se incendió la guardería el 5 junio de 2009, han tenido que viajar de Sonora a la Ciudad de México para darle seguimiento a la investigación judicial.
“Son gastos que no se ven, como los pasajes o las representaciones jurídicas, pero que terminan colapsando a las familias financieramente. Sabes lo que implica para las madres de la guardería desplazarse desde Sonora hasta la Ciudad de México”, cuestionó el abogado.
Pero el recorrer durante una década los más de dos mil kilómetros que separan el estado de Sonora de la Ciudad de México, tampoco les ha garantizado justicia.
“En el caso ABC llevamos más de 10 años de litigio y todavía sigue sin emitirse una resolución firme”.
Mónica Ortega, una de las madres del Colegio Rébsamen, recordó cómo cuando murió su única hija de siete años en el sismo del 19-S ninguna autoridad se le acercó para ofrecerle acompañamiento sicológico o tanatológico.
Ella de lo único que escuchaba hablar a las autoridades era sobre la reconstrucción de la ciudad, de los edificios y de las casas que se cayeron, cuando en realidad ese día tan sólo en la capital se habían destruido también 228 familias, de las 228 personas que murieron en el terremoto.
“En principio las autoridades no entendían que no se trataba sólo de reconstruir edificios, sino vidas, porque se habían destruido 228 familias. Yo aún sigo tratando de reconstruir la mía”, confesó Mónica.
La atención tanatológica y terapias, Mónica y otros padres del Colegio Rébsamen, las recibieron de una Fundación civil, llamada Acompaña, dedicada a contener a padres que están atravesando el dolor por la pérdida de un hijo.
Al ver la falta de apoyos y en la indefensión en que habían quedado tantas familias afectadas por el terremoto, sobre todo los hijos pequeños de las señoras de intendencia del Colegio Rébsamen, que habían muerto, Mónica y otras familias de las escuelas abanderaron la misión de diseñar un programa que las cobijara a quienes habían quedado sin protección alguna.
Gracias a la lucha de las familias del Rébsamen, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, aprobó el mes pasado, el Programa Especial de Apoyo a Persona que perdieron algún familiar en el Sismo del 19 de Septiembre de 2017, en el que los menores de 17 años pueden acceder a los programas sociales del DIF capitalino y un apoyo económico para reducir su vulnerabilidad social.
Sin embargo, estas pequeñas batallas ganadas de Mónica y de las familias del Colegio han sido insuficientes para obtener justicia, todavía ningún funcionario está detenido.
“Siempre les explico a las víctimas que llegan conmigo, que de comenzar una camino en busca de la justicia se tendrán que enfrentar a una ley fría y a procedimientos largos y tortuosos”, dijo Noé.
También les advierte que se enfrentarán a la corrupción y a procesos judiciales extenuantes, en los que sólo espera las resoluciones de los amparos de los inculpados puede tomarles seis años.
En otras ocasiones, el sistema penal violará su derecho a la progresividad de las víctimas y deberán volver a comenzar su estrategia legal de cero.
“Les pido que para llegar tengan demasiada resistencia emocional, porque muchos van a abandonar en el trayecto, este camino hacia la justicia”, concluyó el abogado defensor.
CIMBRAN CASOS EN MÉXICO
Éstos son algunos casos que han enlutado a todo el país por la manera como sucedieron.
2008
Michocán
Ocho muertos, de manera oficial, y unos 132 heridos fue el saldo de los granadazos contra civiles durante el festejo del Grito en Morelia.
2009
Caso ABC
En el incendio en Hermosillo, Sonora, murieron 49 niños y 106 resultaron lesionados, todos en etapa preescolar entre cinco meses y cinco años.
2011
Allende
El 18 de marzo de 2011, un comando de Los Zetas entró al pueblo coahuilense donde según cifras extraoficiales desaparecieron a 300 personas.
2011
San Fernando
En abril se conoció sobre la muerte de 198 personas en el municipio tamaulipeco. No era la primera vez, en 2010 también habían matado a 72 migrantes.
2015
Iguala
La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 secuestraron y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.
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