Directorio
miércoles, 23 de octubre de 2019
El costo económico de la criminalidad
Víctor Piz
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, da en el clavo cuando advierte que “el Estado de derecho, el sistema judicial y los altos índices de criminalidad son temas estructurales importantes para que la economía mexicana pueda tener un crecimiento más elevado”.
Un botón de muestra es el debilitamiento de la inversión y la confianza empresarial:
En julio pasado, la inversión productiva en el país se desplomó 9.1 por ciento anual –su peor caída desde noviembre de 2009– e hiló su sexto mes en zona de contracción.
Así es como la inversión fija bruta arrancó el tercer trimestre del año, después de que en el segundo acentuó la tendencia negativa observada desde inicios de 2018.
¿Qué factores han propiciado la debilidad de la inversión en México?
Uno es la incertidumbre interna causada por los ajustes a la baja en las previsiones de crecimiento económico, así como por las dudas en las políticas públicas del gobierno de la 4T.
Otro más es la menor actividad en el sector de la construcción por los retrasos en algunos proyectos privados y por la reducción de la inversión pública en infraestructura.
Sin embargo, las encuestas a analistas y empresarios indican que otros factores se relacionan, principalmente, con los problemas de gobernabilidad en el país.
Eso lo cree el consenso de los analistas del sector privado encuestados por el Banco de México.
En la encuesta que se levantó a finales de septiembre, los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en los próximos meses se asocian con la “gobernanza”, con 41 por ciento de las menciones.
De ese porcentaje, 15 por ciento –la respuesta más alta– es por la incertidumbre política interna, 14 por ciento por los problemas de inseguridad pública, 6 por ciento por la impunidad, 4 por ciento por la corrupción y 3 por ciento por otros problemas de falta de Estado de derecho.
Ante la inseguridad, algunas empresas –sobre todo pequeñas– han limitado sus actividades recortando horarios de trabajo y eliminando rutas de distribución de sus productos. Otras han cancelado sus planes de inversión y expansión.
Seis de cada diez analistas del sector privado encuestados por Banxico consideran que la coyuntura actual no es favorable para realizar inversiones.
Sólo tres de cada cien analistas piensan que este es un buen momento para invertir.
Lo que sucedió en Culiacán se dio en un ambiente de debilidad institucional en el que el Estado mexicano se vio vulnerable frente a un poderoso grupo delictivo (el Cártel de Sinaloa), que mostró una “fuerza mayor” a la de la Guardia Nacional y el Ejército.
El riesgo es que México esté en proceso de convertirse en un ‘Estado fallido’ ante la debilidad de las instituciones.
Si bien no es un problema generalizado, hay signos de un ‘Estado fallido’ en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado, como algunas zonas de Michoacán, Guerrero y Guanajuato.
Los casos recientes en Celaya, Aguililla, Iguala y Culiacán ponen en duda la capacidad del Estado mexicano para brindar seguridad a la ciudadanía.
Como lo apunta el FMI, urge mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de derecho para frenar la escalada delictiva y promover la actividad económica.
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