CIUDAD DE MÉXICO.
Un juez federal de Mazatlán, Sinaloa, concedió una suspensión provisional a una magistrada de circuito que congela de momento la disposición contenida en la Ley Federal de Remuneraciones para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al que percibe el presidente de la República.
Se trata del primer amparo presentado en contra de la legislación avalada por el Congreso de la Unión, la cual quedará vigente a partir del ejercicio fiscal 2019, tomando en cuenta el salario de 108 mil pesos que el presidente electo percibirá una vez que tome posesión el próximo 1 de diciembre.
El juzgador expuso que la magistrada Sonia Rojas Castro, al comprobar con diversos documentos su puesto al interior del Poder Judicial de la Federación, cuenta "a nivel subjetivo" con la protección constitucional, para prohibir que se disminuyan sus remuneraciones durante su encargo, pues debe prevalecer su independencia y autonomía para la toma de decisiones judiciales.
En apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión provisional solicitada a la quejosa para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen los artículos tildados de inconstitucionales" señala el acuerdo.
Además, el juez Ramón Lozano sostiene que través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de la pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, su autonomía e independencia en la toma de decisiones judiciales, puede resultar menoscabada.
También se detalló que el artículo 94 constitucional establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los servidores públicos como ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, mientras dure su encargo.
La magistrada Rojas Castro interpuso desde el pasado 15 de noviembre su demanda de amparo en contra de la discusión, aprobación y emisión del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución y adicionó el Código Penal Federal.
En el texto de su demanda, la magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Sinaloa sostiene que con dicha legislación se le vulneran sus derechos contemplados en los artículos 1, 14, 16, 17, 75, 94, 123 y 127 de la Carta Magna.
Según documentos judiciales, será el próximo 13 de diciembre cuando se realice la audiencia constitucional y, una vez revisados los informes y argumentos del Congreso de la Unión, se determine si se le concede una nueva suspensión que protegería a la magistrada hasta que el juicio de amparo concluya.
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