El futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que votará a favor en la consulta para que se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como lo planteó el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.
“Hay un derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, es un derecho fundamental, hay una convención y reconocimiento de parte de Estado mexicano. Yo creo que sí es importante que vayamos a votar, yo adelanto mi voto, va a ser porque sí se juzgue, que se inicien los procedimientos”, dijo.
Al hablar sobre el compromiso que hizo López Obrador, el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, consideró que debería haber una discusión más amplia y pública en relación a qué significa la transformación del país.
Señaló que el dilema es cómo va a terminar la transición, por eso se vuelve importante saber si se va a investigar lo que pasó o hay que “poner una suerte de manta para no ver el pasado“.
“El ocultamiento no sana… Una transición es el resultado de una tensión, entre los cuates que quieren conservar una cosa actual y unos cuates que quieren cambiar unas cosas. La transición pacífica es la resolución de esa tensión. Tiene razón López Obrador al decir ‘nos sentamos a una mesa y después de los agravios que hemos tenido, nos tenemos que sentar matando un pedacito de nuestra memoria’, es verdad eso”, dijo.
Sin embargo, anotó, el que “los grupos acuerden en lo alto, hagan un pacto, no resuelve el problema de los agravios. Por eso quien debe dar el perdón -que nadie lo ha pedido, por cierto- debe ser el pueblo, que es el agraviado. Por eso se vuelve tan interesante el dilema. Y por eso creo, que más allá del acuerdo que ayer vimos, hay que darle posibilidades técnicas y políticas a esto”.
Por su parte, Nieto Castillo observó que el Presidente electo “planteó la ética de la responsabilidad frente a la problemática que tenemos de enjuiciar a los expresidentes por temas de corrupción o de cualquier delito que hayan cometido”, y por otro lado, “plantea la ética de la convicción” con la propuesta de hacer una consulta.
Figueroa y Nieto coincidieron en que las consultas que ha organizado el gobierno de transición no son ilegales y están en el marco de la Constitución.
“Hay que pensar que en este momento y hasta el 1 de diciembre, el gobierno de transición pues no es gobierno, no tiene facultades legales para actuar, y por lo tanto, el principio de legalidad se aplica como particulares, ciudadanos, por lo que podemos hacer todo lo que no esté prohibido por el marco normativo“, abundó el futuro titular se la UIF.
Abundó que comparte la idea de López Obrador sobre buscar justicia y no venganza, y eso implica “la investigación, tener comisiones de la verdad para saber lo que ocurrió en muchos de los temas que están vinculados con el pasado reciente en México”.
Ante esto, el exprocurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, consideró que juzgar a los expresidentes “rebasa, y por mucho, a quien va a ser el presidente”.
“No está en él decidir si se hace o no se hace, porque por un lado entramos a un modelo de combate a la corrupción que supone la autonomía de las decisiones del Ejecutivo Federal, que está en turno, y esto me lleva a tres derechos: de juzgar, a juzgar y a la verdad. No hay un expediente en México en contra de los expresidentes, no hay una pesquisa que se esté realizando” añadió.
El pasado 13 de noviembre, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, afirmó durante su alegato inicial en el juicio contra el narcotraficante, que el expresidente Felipe Calderón y el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, recibieron sobornos del Cártel de Sinaloa.
Al respecto el exfuncionario señaló que será interesante saber qué posición va a tener el (próximo) gobierno mexicano “frente a una petición de extradición del presidente Enrique Peña Nieto o del ciudadano Felipe Calderón“.
Santiago Nieto aseguró que la consulta sobre el posible perdón a los expresidentes en delitos de corrupción no genera impunidad, ya que no involucra a otros exfuncionarios.
“Si queremos ser demócratas tenemos que tomarnos la Constitución en serio, (los artículos) 114 y el 108”, que se refieren a la prenscripción del delito. “La responsabilidad administrativa, en virtud de la reforma, hoy prescribe por 7 años, antes era con 5 años y antes con 3. Por lo tanto, a cada expresidente se le va a aplicar la sanción que le corresponda“, expuso.
Respecto al encuentro que López Obrador sostuvo el miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto, Reyes Orona dijo que “las caras de esa fotografía revelan claramente que se juntaron el hambre y las ganas de comer.
“Los dos tenían la misma preocupación, los dos tenían los mismos incentivos para platicar del tema, porque subyace, en esta gran mesura justificable de Andrés Manuel López Obrador, la idea de lo que es capaz un presidente acorralado (Peña)“, puntualizó.
Santiago Nieto también percibió “una expresión de preocupación en el rostro de Peña Nieto de alguien que sabe que ha cometido excesos, que sabe que no ha procurado justicia y que sabe que su sexenio será recordado como uno de los más corruptos de México”, por lo que “va a buscar impunidad”.
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