Una muy difundida tesis occidental asegura que en el idioma chino, crisis significa además de un peligro, una oportunidad. Así, para los optimistas, la reciente crisis política —iniciada con la masacre de Iguala y profundizada con ya numerosos escándalos de conflictos de interés y corrupción— representaba para el gobierno de Enrique Peña una gran oportunidad de impulsar, en sus cuatro años restantes, la reforma del estado de derecho que potenciaría las 11 ya aprobadas, coronando así la entrada de México a una nueva modernidad.
Después de su viaje, nada menos que a China, se anunció que el Presidente daría a conocer medidas de gran trascendencia para atender el profundo reclamo social de seguridad, justicia y combate a la corrupción. Parecía que su estancia en aquel país le enseñó eso de que las crisis son oportunidades. Entonces se dieron a conocer el video de Angélica Rivera y luego el decálogo del 27 de noviembre. ¿Se eliminaron las sospechas sobre el conflicto de intereses? ¿Alguien considera que fue un parteaguas a favor del estado de derecho? ¿Alguien sabe de la concreción de alguna de esas diez medidas? Primer fiasco.
Luego llegó 2015 y ante el deterioro del ambiente político, el reclamo creciente y la expectativa de algún anuncio de cambios en el gabinete y/o de un relanzamiento del gobierno con mejores políticas públicas, vino el desangelado y rutinario mensaje de año nuevo, que no merece ningún comentario. Segundo fiasco.
En tercer lugar, ante la intensificación de las críticas (el “no entienden que no entienden”; o sí entienden, pero no les importa) por más casos de posible conflicto de interés (la casa de Luis Videgaray en Malinalco y la del Presidente en Ixtapan de la Sal), el presidente Peña retoma, a regañadientes, el tema. Esta vez revive la Secretaría de la Función Pública (con funciones disminuidas), nombra a Virgilio Andrade como su titular y anuncia una investigación sobre los probables conflictos de interés, que es descalificada tanto por encargársela a un dependiente suyo, como por adelantar el resultado al asegurar que él no ha cometido ninguna ilegalidad, ni ha caído en ningún conflicto de interés. Más enojo e indignación. Tercera oportunidad desaprovechada.
Y mientras, la mata sigue dando. Aparecen las propiedades de la familia Murat en Nueva York, la negativa de su hijo, director del Infonavit, a hacer declaración patrimonial; la resistencia de Los Pinos y de la bancada del PRI a aprobar el sistema anticorrupción y el intento de la Presidencia de hacer una reforma regresiva en materia de transparencia.
Así, a menos de cinco meses de aquella trágica noche en Iguala, no hay duda alguna de que para el gobierno federal el componente de oportunidad de la crisis se perdió. De hecho, si uno averigua, resulta que eso de que las crisis son también una oportunidad no es cierto. Los sinólogos aseguran que esa es una traducción falsa, pese a su uso extendido. La definición china de crisis es “momento de peligro”, el tiempo en que las cosas comienzan a torcerse. (véase http://www.pinyin.info/chinese/crisis.html). Y vaya que al gobierno sí le gustó esta definición, pues se ha empeñado en torcerlas.
No hay pues ningún indicio de que el estado de derecho y la seguridad vayan a ser prioridades. El discurso y el proyecto de gobierno se reducirán a presumir y a tratar de instrumentar las 11 reformas estructurales y a difundir, con juegos estadísticos, que la seguridad mejora. Nada más. Falta que hable la sociedad.
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