Ni ella ni su esposo han tenido acceso a la orden de
aprehensión en su contra, afirma la conductora de tv, ella y Víctor Álvarez
Puga son acusados de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
La actriz y conductora de televisión Inés Gómez Mont señaló
la noche del viernes que tanto ella como su esposo Víctor Álvarez Puga, no
han tenido acceso a la orden de aprehensión en su contra, ni a las pruebas
que la justifiquen.
Este viernes se dio a conocer que un juez federal giró una
orden de captura contra la conductora de televisión y su esposo por su
presunta participación en la comisión de los delitos de peculado,
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, Gómez Mont
puntualizó que únicamente han tenido acceso a los reportes de prensa “con
información parcial y dolosamente filtrada“.
También agradeció las pruebas de cariño y apoyo que le han
hecho llegar seres queridos, “sepan que nos estamos preparando para enfrentar
este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos”, agrega.
Goméz Mont es amiga de Yadhira Carrillo, esposa de Juan
Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y que
actualmente está en prisión por por lavado de dinero.
Previo a la detención de Collado, Gómez Mont compartía en su
cuenta de Instagram fotografías con Carillo.
De acuerdo con el diario Reforma, el juez del Centro de
Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, giró los
mandamientos de captura en la causa penal 314/2021, por solicitud de la
Fiscalía General de la República, confirmaron allegados al caso.
Según autoridades consultadas, este asunto tiene su origen en
una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública a contratos que la
Secretaría de Gobernación, en tiempos
Cuando Miguel Osorio Chong era su titular, la Secretaría de
Gobernación asignó sin licitación contratos a empresas que luego habrían
triangulado 2 mil 950 millones de pesos a “factureras” vinculadas con el
despacho contable de Álvarez Puga, el esposo de Inés.
El 21 de agosto de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) también denunció por lavado de dinero a Juan Manuel Flores Athié,
titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Segob, en el sexenio
pasado, así como a 17 personas físicas y morales, por lavado.
En el caso de Álvarez Puga y su esposa, quienes se encuentran fuera del país,
uno de los delitos imputados -la delincuencia organizada- prevé la prisión
preventiva oficiosa, lo que impide al imputado llevar su proceso en libertad,
en caso de ser detenido.
Los problemas legales de Álvarez Puga -informó Reforma–
no son nuevos, ya que el 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General
de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon
las oficinas de su despacho Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló en ese entonces que la firma contable
asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o
cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades
y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En diciembre pasado Luis Eduardo Álvarez Puga, hermano de
Víctor Manuel, presentó un amparo contra una posible orden de aprehensión derivada
de una investigación que estaba en curso por lavado de dinero, pero en ese
momento la FGR reportó al juez que no había tal mandamiento de captura.
En el caso de Inés Gómez Mont, desde el 30 de noviembre de 2018, el último día
del sexenio pasado, el SAT aceptó un acuerdo reparatorio mediante el que la
conductora de televisión pagaría 10 millones 967 mil 907 pesos por
concepto de contribuciones federales omitidas y accesorios, a cambio de que
fuera archivada una investigación de la SEIDO que fue abierta en su contra por
una denuncia de defraudación fiscal.
Pero en la cláusula cuarta del documento, se pactó que este
acuerdo sería válido hasta que fuera aprobado por la FGR y, ya con el nuevo
gobierno, el 16 de enero de 2019 la FGR rechazó la oferta de Gómez Mont y
lo calificó de “desproporcional”, porque no había resarcido otra cantidad
por 2 millones 604 mil 537 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta
(ISR).
Cuando la conductora de televisión pagó esta suma en una
declaración fiscal complementaria, la FGR dijo que tampoco cerraría la
investigación porque, más allá de que fuera denunciado un delito por
fraude fiscal, lo que investigaba el Ministerio Público Federal era el ilícito
de lavado de dinero. Gómez Mont presentó un amparo contra esa determinación y
al final lo perdió en las dos instancias.
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