El gobierno de Andrés Manuel López Obrador iría tras una conexión entre los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari en torno a presuntos contratos petroleros, principalmente las rondas emanadas de la Reforma Energética y concesión de nuevos yacimientos y plataformas petroleras; así como la construcción de infraestructura para seguridad pública, en forma de reclusorios que se concesionaban en un esquema público-privado.
De acuerdo con una columna del periodista Salvador García Soto para El Universal, habría una conexión entre ambos funcionarios, a la cual busca llegar la administración de AMLO y a la cual intenta llegar con las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de excolaboradores de Peña Nieto y de sexenios pasados.
Dos de los actores principales para llegar a este presunto nexo serían las indagatorias contra de Genaro García Luna y Emilio Lozoya.
En su columna el periodista explica que García Luna fue quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a empresarios que, “a cambio de un contrato millonario del Gobierno Federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos cabezas principales: el presidente y el expresidente”.
Según el testimonio de un empresario, citado en el texto de García Soto, el proceso de negociación se daba con Carlos Salinas a través de “varias reuniones en su casa del sur de la ciudad y cuando todo estaba listo, solía llamar para decir en clave: ‘está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo’, con lo que se refería al dinero que era repartido entre los dos grandes beneficiarios de este esquema de corrupción”.
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