La gran mayoría de bienes no provienen de casos de corrupción de funcionarios, sino que se trata de inmuebles, vehículos, joyas y dinero en efectivo asegurados a la delincuencia organizada
Apartir de mañana, es oficial la existencia del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR). El Gobierno publicó hoy la reforma a tres leyes, aprobada por el Congreso el año pasado, para cumplir el deseo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y rebautizar con ese nombre a lo que fuera el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Lea Avalan Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
@IndepOficialMex
Acorde con la política del Presidente @lopezobrador_
y el @GobiernoMX, hoy se publicó en el @DOF_SEGOB
el Decreto por el cual cambia el nombre del #InstitutodeAdministracióndeBienesyActivos por el de #InstitutoparaDevolveralPuebloloRobado. Decreto 👉 https://bit.ly/2TKBINU
La reforma entrará en vigor mañana. En agosto pasado, como parte de las reformas en materia de extinción de dominio, el Congreso le había cambiado el nombre al SAE, para dejarlo como Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA).
Pero el Ejecutivo insistió en que se retomara la idea que estuvo promoviendo desde el inicio de su sexenio, cuando empezó a dar gran protagonismo público a las subastas de bienes asegurados a la delincuencia, o bienes del Gobierno de los que quería deshacerse, mismas que el SAE realizaba desde hace dos décadas
El IDPR administra, y ocasionalmente vende, 12 categorías distintas de bienes, entre ellos los que pasan al fisco por no pago de impuestos o en procedimientos aduaneros; los que se reciben por dación en pago; los que causan abandono en favor del erario; empresas públicas en liquidación; regalos que los funcionarios no pueden aceptar, y aquellos sobre los cuales se decrete la extinción de dominio, figura hasta ahora muy poco utilizada.
La venta de bienes decomisados o asegurados en procesos penales federales es el aspecto más conocido de la actividad del IDPR, pero la gran mayoría de estos no provienen de casos de corrupción de funcionarios, sino que se trata de inmuebles, vehículos, joyas y dinero en efectivo asegurados a la delincuencia organizada.
En este sexenio, el Presidente López Obrador ha utilizado recursos provenientes de subastas y licitaciones del ahora IDPR para financiar obras en zonas marginadas.
El IDPR es un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Hacienda, e inició 2020 con una disponibilidad de mil 370 millones de pesos, a los que se sumarán recursos fiscales del Presupuesto de Egresos por mil 183 millones de pesos.
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