En el año 2017, Morena presentó una denuncia ante el INE en contra de una estrategia del PRI, presuntamente elaborada por el consultor Jordi Segarra Tomás, para la campaña electoral del Estado de México. Consistía en la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral de ese año bajo la operación de secretarios del Gabinete federal.
El órgano electoral concluyó que no pudo verificar la vinculación de los servidores públicos federales en la contienda electoral. En consecuencia, declaró “improcedente” la denuncia. Tres años después y ya con el cambio de Gobierno federal, uno de los exculpados por el INE, Jordi Segarra, es investigado por la Fiscalía General por presunto lavado de dinero.
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Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Jordi Segarra Tomás, estratega de campañas electorales del PRI investigado por presunto lavado de dinero, estuvo en la mira del Instituto Nacional Electoral (INE) en el año 2017 por el documento denominado “Activación de lugares Edomex-8 mayo 2017”, que consistía en la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral de ese año bajo la operación de secretarios del Gabinete federal.
En el expediente INE/UTF/DRN/10444/2017, el órgano electoral a cargo de Lorenzo Córdova Vianello, concluyó que no pudo verificar la vinculación de los servidores públicos federales y locales en eventos que influyeran en la decisión de los ciudadanos del Estado de México en la contienda electoral a favor del entonces candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza. En consecuencia, declaró “improcedente” la denuncia.
De acuerdo con la denuncia, presentada en mayo de 2017 por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), desde la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto se planeó un costoso operativo electoral para favorecer al priista Alfredo del Mazo Maza y frenar el avance de la abanderada de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
En 2017 Morena presentó una denuncia ante el INE en donde afirmaba que desde la Presidencia de la República se planeó un costoso operativo electoral para favorecer al priista Alfredo del Mazo Maza en las elecciones del Edomex. Foto: Cuartoscuro.
Horacio Duarte Olivares, entonces representante electoral de Morena ante el INE, señaló que desde la Presidencia de la República se habían atribuido responsabilidades fuera de sus funciones a secretarios del Gabinete federal y diversos funcionarios de la administración peñista, a fin de que actuaran en calidad de operadores electorales para el PRI durante el proceso electoral de 2017 en el Estado de México.
Por ejemplo, dijo, en Atlacomulco se asignó a Nuvia Mayorga Delgado; en Cuautitlán Izcalli al ex Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; en Ecatepec al entonces Secretario de Salud, José Narro Robles; en Ixtapan de la Sal al licenciado José Reyes Baeza; en Ixtlahuaca al ex director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, en Metepec a quien fuera Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán.
También se mencionó a Gerardo Ruiz Esparza, entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Horacio Duarte presentó ante el INE, entre otras pruebas, el documento “Activación de lugares prioritarios, Edomex-8 Mayo 2017”, elaborado por una de las entidades del consultor político Jordi Segarra, denominada “El Pentágono”.
Dicho texto, que también dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de Morena, contenía la estrategia electoral del PRI para llevar a cabo la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral del 4 de junio de 2017.
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La estrategia, conforme al texto, dividía al Estado de México por zonas, municipios y distritos, además desarrollaba para cada uno una táctica específica, designaba tareas y señalaba con claridad a los responsables de cada una para neutralizar a los contendientes que estiman con mayor o mejor posibilidad en cada zona.
Entre estas erogaciones, mencionó la operación de “call center” para desactivar el voto; la movilización el día de la elección; la operación del contacto directo con el candidato; el pago de voceros de campaña, la promoción de la abstención y desmovilización; la comunicación del riesgo de tener un gobierno de Morena, así como la organización y operación de varias activistas mujeres.
La apropiación y canalización de programas públicos, denunciados previamente también por Morena, continuaba a través del manejo que hagan los mandos superiores en el Estado de México, señaló Duarte en 2017.
Todas estas denuncias fueron investigadas por el INE en el expediente INE/UTF/DRN/10444/2017. Según el órgano electoral, el 7 de junio de 2017 se solicitó al PRI la información correspondiente al documento denominado “Activación de lugares Edomex-8 mayo 2017”, también se le pidió al ciudadano Jordi Segarra que informara si su equipo de trabajo había prestado sus servicios al partido o un tercero para la elaboración de dicho texto.
En contestación, el representante legal de la sociedad civil ESETE Publicidad, titular de la marca Equipo de Campaña, vinculada a Segarra, manifestó que el documento no fue elaborado por ellos, por lo que no fue contratado por ningún partido político o tercero para brindar servicios durante el proceso electoral ordinario 2016-2017 en el Estado de México.
Las conclusiones a las que llegó el INE fue que “no se pudo verificar la autenticidad del documento referido, impidiendo que se vincule con los hechos denunciados relacionados con la presencia de servidores públicos del ámbito federal y local en eventos con el propósito de influir en la decisión de los ciudadanos en la contienda electoral”.
Es decir, al no acreditar la existencia de dicha estrategia electoral, el INE afirmó que no tenía por ciertos los hechos que se denuncian en el documento.
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“Se declara improcedente con fundamento en el artículo 30 numeral 1, fracción II; puesto que al haber presentado un documento que podría haber sido fabricado por un tercero, pretendiendo hacer las veces de un documento auténtico, genera frivolidad en la queja planteada, puesto que busca aparentar una realidad a partir de elementos poco confiables como lo es la imprecisión de un documento que presuntamente es la estrategia de la campaña opuesta”, se lee en las conclusiones del expediente del INE en el que decidió no proceder en contra de los acusados.
Tres años después y ya con el cambio de Gobierno federal, uno de los exculpados por el INE, Jordi Segarra, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y le bloquearon sus cuentas bancarias.
“Es un asunto que ya se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR). En este momento sólo con el señor Segarra, con sus empresas y se generó el acuerdo del bloqueo de cuentas por diversos delitos, incluyendo por supuesto el lavado de dinero”, confirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, este martes en conferencia.
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