Viola promesa a profesionales de evitar la discrecionalidad
A principios de este año el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se reunió con Perla del Socorro Ibarra, quien fue procuradora general de Justicia del estado. José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de la ex funcionaria, recibió ayer una patente notarial a sólo ocho días de que concluya la actual administración. El beneficiario también fue director del Archivo General de Notarías del Estado.
Mexicali, BC., A ocho días de concluir su cargo y con ello 30 años de gobiernos panistas en Baja California, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid otorgó cinco patentes notariales, aun cuando en marzo de 2018 se había comprometido ante el Colegio de Notarios de Baja California a no hacer imposiciones. De acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, entre los beneficiarios se encuentra Ricardo Padilla Ibarra, hijo de Perla del Socorro Ibarra, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien ocupó el cargo desde el principio del sexenio hasta agosto pasado, cuando regresó a su plaza de magistrada del Poder Judicial de la entidad, pese a que era legalmente imposible. Padilla Ibarra fue director del Archivo General de Notarías del Estado con Vega de Lamadrid y, antes, jefe de la oficina de alcoholes con el alcalde de Mexicali, el priísta Francisco Pérez Tejada Padilla. En enero pasado lo nombraron director del Instituto de la Judicatura para hacer sus prácticas notariales, aunque la ley señala que éstas deben hacerse durante un año.
Otro beneficiario de patentes de notario es Javier Mayoral, panista que fungió de director del Registro Civil del Estado durante el gobierno de Vega. También recibió una notaría, en Tijuana, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí, quien en 2017 fue denunciado por amenazas, violencia familiar y violación por su entonces esposa, según el caso 0204-201-21413. El abogado de Tijuana Ramón Hernández Sánchez, adjunto de Navarro Vallejo García en la notaría 4, también recibió un fíat notarial; en tanto, a Viviana Campa Dávila le otorgaron la patente de aspirante al ejercicio de notariado.
El argumento del todavía gobernador es que la ley lo faculta a hacer esas designaciones por el déficit de notarios en la entidad, aunque en marzo de 2018 decía que no habría imposiciones. En noviembre de ese mismo año otorgó una patente a Rafael Angulo Cebreros, socio de despacho y compadre del subsecretario jurídico del gobierno estatal, Víctor Lujano, quien también era consultor jurídico del Partido Acción Nacional (PAN). Otro permiso se entregó a la abogada mexicalense Bibiana Rubio por recomendación del secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante. El 27 de septiembre de 2019 Víctor López López recibió una patente de notario. Es amigo de Francisco Vega y atiende asuntos fiscales de sus empresas, al igual que a otros panistas de Tijuana. En corrillos gubernamentales se advirtió que, antes de dejar su encomienda constitucional, Francisco Vega otorgará dos patentes más a su amigo, el ex alcalde panista de Tijuana Juan Manuel Gastélum, y a Luis Leyva, familiar del ex gobernador priísta Xicoténcatl Leyva Mortera, ahora cercano a Morena y a Andrés Manuel López Obrador.
En 2015, el diputado Juan Manuel Molina presentó una iniciativa, que fue aprobada, para regresar esas facultades discrecionales al gobernador. Molina –quien ha formado parte de las bancadas de Movimiento Ciudadano, el PAN y Morena– justificó la reforma como excepción de ley para asignar notarios a zonas rurales, suburbanas o problemáticas. El presidente del Colegio de Notarios Públicos de Baja California, Carlos Enríquez de Rivera, dijo estar molesto con el gobernador porque incumplió su palabra de no hacer asignaciones directas de patentes y termina su gestión otorgándolas a funcionarios de su gobierno. “Es muy desafortunada esta situación –agregó–. Hay muchos aspirantes a notarios que merecen una oportunidad en contra de los compadrazgos y la política. Repudiamos estas asignaciones”. Asimismo, pidió al Congreso de Baja California que el proceso se realice por examen de oposición y con transparencia.
Durante la gestión del gobernador panista Guadalupe Osuna Millán se modificó la Ley de Notarías para evitar que el gobernador en turno otorgara patentes de manera discrecional y se fijaron como requisitos un año de prácticas notariales, examen de oposición y un ensayo sobre el ejercicio de notariado. En esta ocasión, el legislador Juan Manuel Molina advirtió que lo que hizo Vega es ilegal.
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