El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, la Ley de Austeridad Republicana, uno de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora pasa al Ejecutivo.
La votación en lo general registró 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, mientras que en lo particular recibió 272, 154 y 3, respectivamente.
Con sólo un ajuste “para mejorar la redacción en uno de sus artículos, que no implica una modificación a la minuta del Senado”- según se explicó-, y en medio de duras críticas del PRI, PAN y PRD, esta nueva ley establece los lineamientos para el “comportamiento austero y probo de los servidores públicos”.
Además, señala que “por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto”.
Esta ley, entre otras medidas, duplica de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel puede trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.
Señala que funcionarios del más alto nivel no podrán trabajar en alguna empresa en la que puedan utilizar la información privilegiada que manejaron como servidores públicos.
Para ello, también se incluyen reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Aunque los partidos reservaron una serie de propuestas de modificaciones a diversos artículos para su debate en lo particular, no se realizaron cambios a la minuta del Senado, por lo que el documento será enviado directo al Ejecutivo federal para su publicación de inmediato.
El diputado del PAN, Ricardo Flores, criticó que esta nueva ley “rompe los postulados de la 4T”, de no mentir, “porque atenta contra la libertad laboral de todo ciudadano, al prohibir laborar en la iniciativa privada en 10 años; de no robar, porque con esta disposición legal el Ejecutivo tiene a manos llenas recursos para disponer, además de los subejercicios; de no traicionar, porque esta ley puede pasar por encima de una disposición constitucional, como es el trabajo”. “Va directo al despeñadero”, recalcó.
El diputado del PRI, Fernando Galindo Favela, consideró que el “candado” de los 10 años a los ex funcionarios públicos “atenta contra los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y es un medio de control político de los servidores públicos”.
El también priista Pedro Pablo Treviño acusó que esta ley es sólo “una cortina de humo para cubrir las deficiencias en el gobierno, con proyectos aventureros y derroche de dinero”.
Sin embargo, para Morena, la diputada María de los Ángeles Huerta, consideró que “se logrará un gobierno republicano, eficiente, austero que dice adiós a la burocracia dorada y que estará lejos de la parafernalia que tanto lastimaron a este país”.
Sostuvo que “para esta tarea se requiere inevitablemente de algunos sacrificios, pero que se terminará con el despilfarro, las partidas secretas, los moches y habrá en la administración pública federal una nueva dimensión de la ética y la moral, que el PRI ni el PAN conocen, porque sólo tuvieron gobiernos despilfarradores y corruptos”.
El domingo, Mario Delgado Carrillo, coordinador parlamentario de Morena en Cámara de Diputados, dijo que esta ley será “una herramienta más para combatir la corrupción, servir al pueblo y no a los grupos de interés económico”.
La ley establece que los servidores públicos “se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos”.
La disposición de austeridad, dicta la ley, será aplicable a todas las dependencias, entidades y organismos que integran la Administración Pública Federal.
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