La política universitaria en México se ha visto enfrentada al espejo de la precariedad. Después de haber promulgado una reforma educativa que compromete al Estado a garantizar la educación superior , el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, tiene como desafío el brindar acceso universitario a 300.000 jóvenes mexicanos. La única política del Gobierno para alcanzar ese objetivo hasta el momento ha sido la creación, en apenas cinco meses, de un centenar de universidades. La que podría ser la política más progresista en un país donde solo dos de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad, según datos de la OCDE, se ha convertido en blanco de críticas por las carencias y la poca efectividad de la iniciativa.
Sin edificios o apiñadas en algún lugar pequeño, con planes de estudio diseñados en tiempo récord, con profesores elegidos en un mes y capacitados en una semana y, la mayoría, con carreras que no tienen acreditación oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al menos 83 de las 100 universidades de López Obrador han abierto sus puertas ya, según ha anunciado este martes la directora del programa, Raquel Sosa.
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La capacidad que tendrán las universidades, cuyos alumnos reciben una beca de 2.400 pesos mensuales (125 dólares), aún es incierta. En un primer momento estaban previstas para 64.000 estudiantes, pero el Plan Nacional de Desarrollo (PND) estableció hace algunas semanas que atenderían a 32.000 personas. Es una cifra poco significativa en un sistema que en el último ciclo registró una matrícula de 3,8 millones de alumnos.
“Los números más optimistas dicen que, si funcionaran a su máxima capacidad, no subiríamos la cobertura ni un 1%”, señala Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El Gobierno se ha puesto como meta 300.000 alumnos. "Es como si creáramos otra UNAM en los pueblos más pobres", ha dicho López Obrador este martes, en referencia a una de las universidades más importantes del continente. Es un objetivo ambicioso, pues estos planteles tienen hoy 7.575 estudiantes. "En la medida que se tenga más dinero, se irá ampliando el programa", ha justificado.
El Gobierno ha destinado 1.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Los datos de cómo funcionan sus programas son muy escasos. Solo se ha publicado qué carreras ofrecen y en qué ciudades tendrán sedes, pero aún no tienen domicilio fijo. La idea es que en el futuro funcionen de manera permanente en edificios construidos por vecinos en terrenos concedidos por campesinos o autoridades municipales. "Estas comunidades nos han donado terrenos y espacios, nos están prestando locales para iniciar nuestras actividades", ha explicado Sosa durante la presentación.
La celeridad para llevar a cabo las propuestas ha sido una de las características del Gobierno de López Obrador. Esta no es la excepción. “Hacer una universidad no es levantar cuatro paredes, un techo y ponerle una puerta”, señala Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Levantar una institución universitaria implica un trabajo de años, explica. “Si fuéramos serios no diríamos que va a haber una universidad en unos meses. Lo que hay que esperar es que se pongan las bases para las instituciones”. El académico admite que la noticia fue recibida con optimismo en el ámbito educativo.
Otra alerta que ha encendido el programa es la falta de un plan integral de educación superior. “López Obrador no tiene una política educativa, tiene una política social en la cual la educación juega en términos de inclusión”, señala Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Colegio de México. El presidente dijo que el objetivo del programa es reducir la actividad criminal. “Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle”, afirmó el mandatario en marzo. Una fórmula que, según los académicos, no funciona como una ecuación lineal.
El “desmantelamiento” de un organismo internacional
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tienen su antecedente en las nueve escuelas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), unas instituciones creadas por el partido del presidente y subsidiadas por los legisladores de la formación. Esos planteles han sido incorporados ahora a la lista del centenar, pero menos de la mitad tienen acreditación de la SEP.
Gustavo es estudiante de Medicina desde hace tres años en el plantel de Tlalpan, en Ciudad de México. Como la mayoría de los alumnos de las instituciones que comenzaron clases en mayo, no sabe si una vez que acabe la carrera tendrá un título acreditado y podrá ejercer. “Cuando empezamos nos dijeron que algunas universidades habían comenzado igual de mal o peor”, cuenta.
El programa, planteado por fuera de la SEP, será responsabilidad de Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), un organismo internacional con sede en México creado para incentivar la cooperación de América Latina en materia educativa. Los países miembros no aprobaron nunca la incorporación de este proyecto, algo obligatorio bajo su estatuto, según han afirmado representantes de Brasil, Ecuador y Uruguay a este periódico. Les fueron comunicadas las intenciones en diciembre, pero no lo habían debatido hasta mediados de mayo. Pese a eso, la Administración de López Obrador había anunciado con bombo y platillos que contaba con el respaldo del centro.
“No hay respeto por las instituciones ni por las formas. Crefal venía con un proyecto interno y lo desmantelaron para meterle las 100 universidades”, comenta Alma Maldonado. La crisis generada en el organismo internacional a partir de este proyecto alertó incluso a un grupo de académicos latinoamericanos que envió una carta a finales del año pasado a López Obrador para manifestar su preocupación por el “riesgo de desplazar la agenda [del centro] y opacar su compromiso”. Pese a la irregularidad de la situación, ninguno de los países miembros se animó a alzar la voz.
El pase de la responsabilidad del programa a Crefal generó además polémica porque el organismo internacional, que estará a cargo del dinero de las universidades, no tiene obligación de acreditar sus gastos ante el Gobierno de México. Sin profundizar en el tema, el secretario de Educación mexicano, Esteban Moctezuma, señaló este martes que el presidente firmará en los próximos días un decreto "para crear un organismo descentralizado para el manejo de las universidades". Mientras tanto y sin rendir cuentas, el proyecto de López Obrador se afianza. De momento, solo de manera precaria.
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